El gobierno nacional trabaja en una nueva ley migratoria y espera que el Congreso la apruebe antes de que termine 2025.
El presidente Javier Milei la incluyó dentro del paquete de reformas presentadas en la apertura del 143° período de sesiones ordinarias del Congreso. Entre los principales cambios se destacan:
- Cobro de aranceles para extranjeros no residentes en salud y educación.
- Mayor celeridad en la deportación de inmigrantes involucrados en delitos.
- Requisitos más estrictos para obtener la radicación.
- Refuerzo de los controles fronterizos.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, la redacción del nuevo marco normativo está en marcha y responde a un pedido directo al ministro Mariano Cúneo Libarona. La actual Ley de Migraciones 25.871, sancionada en 2003 y modificada en 2010, será revisada con el objetivo de endurecer regulaciones y garantizar que los servicios sean financiados prioritariamente por los ciudadanos argentinos.
Cobro de servicios y reducción de costos para el Estado
El Gobierno busca implementar un esquema de arancelamiento para extranjeros en los servicios de salud y educación. Algunas provincias ya han adoptado medidas similares. En Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy se dispuso el cobro de atención sanitaria para no residentes, lo que redujo los denominados "tours sanitarios". En Salta, por ejemplo, el ahorro fiscal alcanzó los $60 millones en un solo hospital.
En el caso de las universidades, el debate es más complejo. El presidente Milei afirmó que "las universidades deben cobrarles a quienes no son residentes permanentes", aunque el Congreso tendrá la última palabra en la discusión. Desde el Ejecutivo no descartan avanzar vía decreto si el proyecto no prospera en el ámbito legislativo.
