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Papelón en la audiencia por la Ley de Glaciares: se rieron del discurso de una dirigente indígena financiada por Noruega

Papelón en la audiencia por la Ley de Glaciares: se rieron del discurso de una dirigente indígena financiada por Noruega
porRedacción
Política

La dirigente de la comunidad indígena Guaytamari lanzó un discurso contra los proyectos productivos y denunció “saqueo” y “colonización”, pero el momento derivó en risas dentro de la sala cuando increpó a los presentes con la frase: “déjense de reír porque los vi riéndose”

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En el marco del debate vinculado a la Ley de Glaciares, la referente indígena Liliana Claudia Herrera Salinas protagonizó un momento que rápidamente generó repercusión y fue calificado por varios observadores como un verdadero papelón político dentro de la discusión pública. Durante su intervención, Herrera apeló a un discurso cargado de consignas contra la actividad económica y denuncias de “saqueo” y “colonización”, lo que provocó reacciones y risas entre algunos presentes en la sala, situación que terminó marcando el clima del episodio.

En su exposición, la dirigente afirmó textualmente: “Los representantes de esta cámara en ejercicio de nuestra autodeterminación para que con responsabilidad se expresen en defensa de la vida de toda su forma, más allá de los intereses económicos mezquinos y personales. Sean agentes históricos y pronunciense a favor del pueblo de la vida y no de la muerte”. Continuando con su discurso, agregó: “Ante tanto saqueo y tanta nueva colonización que atentan con la soberanía territorial argentina, la moral, la democracia. Decimos no a la muerte, si a la vida por los valores del buen vivir de todos”.

Liliana Claudia Herrera
Liliana Claudia Herrera

El momento más tenso ocurrió cuando la propia Herrera interrumpió su exposición para recriminar la reacción de parte del público presente, señalando directamente que se estaban burlando de ella. “Déjense de reír porque los vi riéndose.”, lanzó visiblemente molesta, en un episodio que terminó de convertir la intervención en uno de los momentos más comentados del debate.

Herrera Salinas nació en Mendoza en 1955 y es omta-cacique de la comunidad huarpe Guaytamari de Uspallata. Desde su infancia, la poesía y las artes fueron herramientas centrales para su expresión. Realizó sus estudios secundarios en la Escuela de Bellas Artes y posteriormente se formó como psicóloga social. Además de su actividad artística y cultural, Herrera es referente de organizaciones indígenas a nivel provincial, regional e internacional. Integra la Mesa Indígena del Camino Ancestral Qhapaq Ñan Argentina y se desempeña como asesora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano.

La exposición de Herrera se produce en un contexto político particularmente sensible, marcado por controversias recientes en Sudamérica sobre la influencia de financiamiento extranjero en movimientos que cuestionan proyectos productivos. Uno de los casos más resonantes ocurrió en Chile, donde Noruega quedó en el centro de una fuerte polémica tras revelarse un esquema de financiamiento a comunidades indígenas que habría impactado directamente en el desarrollo de la industria salmonera, considerada estratégica para la economía del país.

Según un reportaje que desató el debate en el Congreso chileno, se detectó el traspaso de más de 500 millones de dólares desde Noruega hacia organizaciones lafkenche a través de la ONG Norwegian People’s Aid. El núcleo de la controversia estuvo en el uso de esos recursos, que habrían servido para impulsar solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), figura legal contemplada en la Ley Lafkenche.

Noruega transfirió a través de una ONG más de 500 millones de dólares a comunidades indígenas en Chile para desincentivar la industria de las salmoneras
Noruega transfirió a través de una ONG más de 500 millones de dólares a comunidades indígenas en Chile para desincentivar la industria de las salmoneras

El problema, según denunciaron distintos actores políticos y económicos, se produjo en las consecuencias prácticas del mecanismo: mientras una solicitud de ECMPO permanecía en trámite, se suspendían otras concesiones en la zona, incluidas aquellas relacionadas con la industria salmonera. Este efecto generó una fuerte preocupación en el sector productivo, especialmente porque Chile compite directamente con Noruega como uno de los principales productores de salmón del mundo.

A partir de allí comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el impacto indirecto del financiamiento extranjero. Diversos referentes señalaron que, si bien los recursos se canalizaron mediante una organización no gubernamental, su utilización habría contribuido a ralentizar proyectos productivos locales, lo que potencialmente podría beneficiar a un competidor internacional. Las críticas no solo apuntaron al origen de los fondos, sino también a la falta de controles más estrictos sobre aportes internacionales en áreas consideradas sensibles para la economía.

La reacción política fue inmediata. El diputado Alejandro Bernales, presidente de la Comisión de Pesca, anunció la citación de autoridades para esclarecer el destino de los recursos y determinar si existieron irregularidades. Incluso advirtió que, en caso de comprobarse un uso indebido de los fondos, podrían derivarse responsabilidades legales. Desde la oposición chilena, parlamentarios de sectores como la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional calificaron la situación como una “intromisión inaceptable” y plantearon revisar e incluso derogar la Ley Lafkenche.

El debate, sin embargo, también reabrió una discusión más amplia: el equilibrio entre desarrollo económico y derechos indígenas. Mientras los críticos sostienen que la normativa terminó derivando en bloqueos prolongados de inversiones, desde el ahora ex gobierno de Gabriel Boric defendieron su relevancia para la protección de ecosistemas marinos y territorios ancestrales. En esa línea, la diputada comunista Nathalie Castillo remarcó la importancia de resguardar esos espacios y cuestionó los intentos de retroceder en materia ambiental.

En medio de la controversia, el embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, descartó cualquier tipo de injerencia estatal directa. Explicó que el proyecto se desarrolló entre 2004 y 2014 y que no representaba la política actual de su país. Además, señaló que en Noruega las organizaciones de la sociedad civil pueden acceder a financiamiento público para iniciativas internacionales con autonomía respecto del gobierno, subrayando que las decisiones regulatorias corresponden exclusivamente a Chile.




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