El presidente Javier Milei firmó hoy el Decreto 843/24, una medida clave para corregir los abusos en la asignación de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez en Argentina. El nuevo decreto busca restaurar los criterios originales establecidos en el Decreto 432/97, eliminando las flexibilizaciones que, según el gobierno actual, fomentaron el uso indebido del sistema bajo las administraciones kirchneristas.
La norma vuelve a exigir que los beneficiarios de la PNC por Invalidez cumplan con el requisito básico de tener una invalidez total que les impida acceder a un empleo formal. En el marco de esta reforma, también se establece un procedimiento más riguroso para detectar y corregir irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones.
El presidente Milei y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Daniel Spagnuolo, han señalado que el descontrol en la asignación de pensiones se profundizó durante los gobiernos kirchneristas. Entre 1999 y 2003, la cantidad de beneficiarios se mantuvo en torno a 80.000.
Sin embargo, entre 2004 y 2015, el número de pensiones aumentó un 1225%, alcanzando 1.060.000. Esta cifra continuó creciendo durante los gobiernos posteriores, alcanzando los 1.200.000 beneficiarios actuales, lo que representa el 2,6% de la población total del país.
El costo millonario para el Estado
El sistema de pensiones por invalidez representa un gasto de 3.400 millones de dólares anuales, equivalente al 3,5% del presupuesto de 2025. El Decreto 843/24 busca reducir este gasto, asegurando que solo aquellos con invalidez comprobada y sin vínculo laboral accedan a la pensión.
Según ANDIS, las primeras auditorías ya revelaron irregularidades documentales en una gran parte de los casos, lo que motivó la creación de este nuevo marco regulatorio.
Comparación con otros países
Los niveles de beneficiarios en Argentina superan ampliamente a los de otros países de la región. Por ejemplo, en México, los programas similares alcanzan al 0,94% de la población, mientras que en Perú y Chile, los beneficiarios son el 0,3% y el 0,91% respectivamente. Este contraste refleja el impacto del otorgamiento indiscriminado de pensiones en Argentina, que Milei busca corregir.
Casos de corrupción y clientelismo
El abuso del sistema de pensiones no es nuevo. Recientes investigaciones, como las del abogado José Magioncalda, han revelado situaciones insólitas, como el uso de radiografías de un perro para justificar una pensión o casos en donde se utilizó la misma radiografía para justificar múltiples pensiones en un pueblo de Chaco.
Con este decreto, el presidente Milei da un nuevo paso hacia un Estado más eficiente y austero, combatiendo el clientelismo político y garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera justa.
