La petrolera Baker Hughes anunció que no participará en proyectos en Malvinas

La capitulación de Baker Hughes representa un golpe demoledor y potencialmente letal para el desarrollo del proyecto Sea Lion . Este yacimiento offshore ilegal, operado por la firma israelí Navitas Petroleum —dueña del 65% de la licencia — y la británica Rockhopper Exploration —propietaria del 35% restante —, se ha quedado de la noche a la mañana sin sus soportes tecnológicos más críticos.

Si bien Baker Hughes no se dedica a la extracción directa de crudo, posee el monopolio global de la provisión de tecnología, equipos de alta complejidad y servicios esenciales de perforación para este tipo de iniciativas offshore en aguas ultraprofundas .

Sin su participación activa, el consorcio británico-israelí se enfrenta a un desierto logístico y tecnológico que volverá la explotación de hidrocarburos extraordinariamente costosa, difícil e inviable .

El histórico cambio de paradigma diseñado por el presidente Javier Milei ha marcado un hito irreversible en la defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur. Dejando atrás la desidia y la inútil retórica de gobiernos anteriores que solo empobrecieron al país, el actual Gobierno de la Libertad ha decidido golpear a la usurpación británica —instalada por la fuerza en 1833 — donde más le duele: en su estructura de costos y en el mercado de capitales internacionales.

En este marco de ofensiva soberana y realismo de mercado, la corporación estadounidense Baker Hughes, una de las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo , oficializó su total sumisión a la normativa argentina.

La filial local, Baker Hughes Argentina S.R.L., confirmó formalmente mediante un comunicado que "no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes" .

Este retroceso sin precedentes del gigante norteamericano se da en estricto cumplimiento del Decreto 868/2026 , el cual reglamenta las duras sanciones económicas impuestas por el Poder Ejecutivo Nacional .

Con las dos corporaciones de servicios petroleros más poderosas del planeta replegándose ante las directivas presidenciales, el aislamiento corporativo en el archipiélago usurpado es absoluto .

El implacable motor legal que forzó este desenlace fue la firma del Decreto 868/2026 impulsado por el presidente Javier Milei, el cual endureció significativamente la aplicación de la Ley 26.659.

La nueva reglamentación ubicó a la Cancillería como la autoridad de aplicación directa, acortó drásticamente los plazos para dictar las sanciones y extendió el alcance de los castigos de forma solidaria sobre los subcontratistas, proveedores estratégicos, directores y accionistas de las firmas infractoras.

Ante este panorama, la administración libertaria ha colocado a las corporaciones globales frente a un dilema de hierro fundado en las leyes del mercado. Como advirtió el mandatario en su mensaje oficial: "Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad".

Con el monumental potencial energético de Vaca Muerta en plena fase de expansión y las inmejorables ventajas fiscales e impositivas que ofrece el flamante régimen del RIGI , la elección para los directorios de Houston y Londres fue obvia. El objetivo de la administración de Javier Milei se está cumpliendo con precisión milimétrica: secar el mercado de proveedores estratégicos de los usurpadores británicos hasta asfixiar financieramente la explotación ilegal de nuestros recursos naturales no renovables-

Esta histórica retirada corporativa no constituye un hecho aislado, sino que profundiza la tendencia iniciada por SLB (anteriormente conocida como Schlumberger), la número uno mundial del sector.

La sucursal local Schlumberger Argentina S.A. ya había emitido un comunicado categórico asumiendo que, en atención a lo establecido por el Decreto 868/2026 , "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes" , reafirmando su total compromiso con las normas vigentes de la República.