Como si esto fuera poco, dentro de la organización hubo personas que fueron desplazadas o directamente expulsadas de otros eventos del rubro por mala praxis, conflictos éticos o desmanejos operativos. Personas sin credenciales ni trayectoria, que hoy reaparecen amparadas por el aparato municipal para reeditar sus viejas prácticas bajo otro escudo.
El hecho más revelador ocurrió el sábado, cuando el propio Ferraresi y varios funcionarios se presentaron en el escenario para entregar los premios. Fue el intendente, sin ningún tipo de pudor, quien se colocó al frente de una ceremonia completamente manipulada. El uso personal del evento quedó expuesto sin posibilidad de disimulo.
Esto no es un error, ni una torpeza de gestión. Es una acción planificada desde el poder político para apropiarse de una marca, manipular su mensaje, usarla como bandera electoral y desplazar a quienes, desde el sector privado, construyeron con esfuerzo un espacio real, federal, profesional y plural.
Se trata de una competencia desleal, donde el Estado juega con ventaja, con dinero público, con estructura institucional y con impunidad. Avellaneda decidió usar su maquinaria para robar una idea, manipularla, tergiversarla y utilizarla como vehículo político.
Este hecho no admite ambigüedades. No es una “polémica”. Es una operación política financiada con recursos públicos. Es una estafa ética, económica y cultural. Y merece ser denunciada con nombre y apellido.