Presentaron un proyecto para regular los contenidos creados con IA en las redes

En un polémico y autoritario avance legislativo, el exgobernador y actual diputado radical Julio Cobos, acompañado por legisladores de distintas fuerzas políticas opositoras, presentó un proyecto de ley que, bajo la excusa de “proteger el régimen electoral”, establece un marco normativo que le abre la puerta a la censura y el control estatal en redes sociales.

El proyecto, respaldado por diputados de Encuentro Federal, la UCR, Unión por la Patria y la Coalición Cívica —entre ellos Margarita Stolbizer, Danya Tavela y Adolfo Bermejo, apunta directamente a regular los contenidos digitales generados mediante inteligencia artificial durante la campaña electoral rumbo a los comicios del 26 de octubre.

El proyecto se presenta con la excusa de evitar situaciones parecidas a la que sucedió el sábado pasado cuando apareció un video falso de Mauricio Macri diciendo que se iba a bajar la candidatura de Silvia Lospennatto, la fallida candidata del PRO en las elecciones porteñas. Sin embargo, dicho video no tuvo mayor impacto por ser evidentemente falso, y las elecciones no se vieron de ningún modo afectadas.

Según el articulado del proyecto, las plataformas digitales estarían obligadas a implementar mecanismos de detección y eliminación de contenidos considerados “materialmente engañosos” en un plazo máximo de 48 horas.

Si no pueden ser eliminados, deberán ser calificados como “manipulados y no auténticos”, algo que incluso ya existe actualmente en la red social X, con las notas de la comunidad, en donde los usuarios pueden identificar y clasificar posteos como falsos o engañosos.

Además, esto no solo impone una carga técnica difícil de fiscalizar objetivamente, sino que además deja abierta la puerta a que cualquier contenido crítico pueda ser denunciado como falso por razones políticas o personales.

Bajo el argumento de proteger la imagen de candidatos y votantes, esta iniciativa coloca el poder de definir qué es “engañoso” o “potencialmente dañino” en manos del Estado o de las propias empresas tecnológicas, incentivando un esquema de vigilancia y silenciamiento que recuerda a prácticas autoritarias más que a democracias liberales.