En un contexto de baja inflación proyectada por el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional ha establecido un límite claro para las negociaciones salariales: ningún aumento por encima del 1% mensual en marzo.
Aunque algunos gremios han mostrado disposición a ajustar sus acuerdos a esta pauta, otros se resisten, generando tensiones en las negociaciones colectivas.
El modelo que busca implementar el Gobierno
La administración de Javier Milei busca que las paritarias no solo respeten el tope del 1%, sino que también incluyan el compromiso empresarial de no trasladar esos incrementos a los precios.
En este marco, la Secretaría de Trabajo homologa rápidamente los acuerdos alineados con esta política, mientras frena o propone reformular los que la superan.
Un ejemplo de éxito es la paritaria del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, que aceptó un aumento escalonado del 5,5% en tres tramos (2,2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero).
Este acuerdo incluye un bono de $600.000 en cuotas y un aporte extraordinario de $16.000 por trabajador para la obra social, aunque con flexibilidad para las empresas en dificultades.
Otro gremio que se alineó con las pautas del Gobierno es la Federación de Trabajadores de Edificios (FATERyH), encabezada por Víctor Santa María, que pactó un aumento del 3,3% en dos tramos para el bimestre enero-febrero. El sindicato destacó que el acuerdo acompaña la baja inflacionaria y garantiza la estabilidad salarial.
Los sindicatos en conflicto con el Gobierno
Pese a estos avances, varios gremios enfrentan dificultades para homologar sus acuerdos o avanzar en negociaciones:
- Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA)
Liderada por Héctor Daer, firmó un aumento del 11,4% para el período octubre-diciembre, en tres tramos (4%, 3,8% y 3,6%), que excede los límites oficiales.
Aunque las empresas ya están pagando este ajuste, la Secretaría de Trabajo se niega a convalidarlo y propone reformularlo bajo el tope del 1%.
