La medida oficial recurre a esquemas de pagos en negro para alcanzar el porcentaje prometido sin sanear verdaderamente las cuentas públicas locales. Los analistas advierten que estos parches financieros distorsionan el sistema previsional y generan incertidumbre a futuro para los pasivos. Lejos de un ajuste del gasto político, la solución recae nuevamente sobre los contribuyentes y los trabajadores del sector público provincial.
La normativa impone una nueva escala de aportes personales que eleva la presión fiscal sobre los salarios de los trabajadores activos de Córdoba. Se establecieron alícuotas que llegan hasta el 8% para los sueldos más altos, castigando la productividad de quienes generan mayores ingresos. Este incremento en la carga tributaria busca financiar el desajuste de gastos sin reducir el tamaño del Estado ni eliminar privilegios políticos.













