Río Cuarto: juzgarán al ex intendente de Santa Catalina por usurpación de tierras

Rodolfo Cabanillas, fiscal federal subrogante, solicitó el juicio oral contra Miguel Ángel Negro, exintendente de Santa Catalina, Córdoba, y su socio político Oscar Ignacio Alaniz por instigar la ocupación de terrenos del ferrocarril en Holmberg. La acusación incluye a Alan Iván Báez, Fernando Gabriel Romano y Mayra Desireé Garretón como coautores del ilícito. El pedido se ampara en la construcción de más de sesenta lotes habitados desde enero de 2023.

La causa sostiene que Negro y Alaniz informaron a particulares sobre los terrenos disponibles junto a las vías de Trenes Argentinos Cargas. Ambos habrían prometido facilitar energía eléctrica y regularizar la situación tras las elecciones municipales. Las promesas se enmarcaron en la campaña que buscaba instalar a Alaniz como sucesor de Negro.

Entre diciembre de 2022 y enero de 2023 los imputados gestionaron un certificado de instalación eléctrica para Romano. Luego el intendente firmó una nota al ERSeP solicitando conexión “en carácter de usuario precario”. El documento adjuntó el DNI de Romano como supuesto propietario de las viviendas.

Tras obtener luz, un grupo de cincuenta a sesenta personas dividió el terreno con alambres y bolsas. Edificaron bases, llevaron materiales y levantaron viviendas precarias. El fiscal describe un despojo que privó al Estado nacional y al concesionario de la posesión legal.

Promesas electorales y rol político

Los vecinos de Holmberg denunciaron la toma ante el Juzgado Federal el 18 y 19 de enero de 2023. Minutos después de la primera presentación, el propio Negro ingresó una denuncia similar. Para la fiscalía ese gesto fue tardío y buscó deslindar responsabilidades.

Cabanillas citó un informe de Belgrano Cargas que afirma que el predio fue subdividido sin autorización. El escrito confirma que no existía pedido oficial de energía para las casillas. La empresa remarcó la ilegalidad de las obras ejecutadas.

Testimonios vecinales describen la llegada nocturna de camiones municipales con escombros. Videos muestran a Báez coordinando los trabajos y reconociendo la toma ante cámaras de televisión. Audios telefónicos revelan diálogos en los que Alaniz ofrece lotes y facilidades de pago.

El fiscal concluye que la maniobra buscó “acaparar votos” antes de las elecciones del 4 de junio de 2023. Negro ocupó la intendencia por cuatro décadas y apoyó la candidatura de Alaniz. Cabanillas subraya que la ocupación y la gestión eléctrica fueron “promesas propias de una campaña electoral”.

Conexión eléctrica y documentos claves

Negro remitió al ERSeP una nota solicitando energía para el predio ferroviario. La Cooperativa de Electricidad de Santa Catalina recibió la autorización y conectó el servicio. El trámite se realizó pese a conocer el carácter fiscal del terreno.

Allanamientos posteriores hallaron camiones municipales descargando materiales en la usurpación. Se incautaron herramientas, grupos electrógenos y planos de subdivisión. También se recuperaron comunicaciones que vinculan a Alaniz con la entrega de parcelas.

Cabanillas señaló la contradicción entre la denuncia presentada por Negro y su gestión previa ante el organismo regulador. El fiscal calificó el actuar del exintendente como “contradictorio y extemporáneo”. Para la acusación, la nota al ERSeP fue clave para consumar el asentamiento.

El pedido de juicio abarca la figura de instigación para Negro y Alaniz y coautoría para los otros tres acusados. El Código Penal prevé penas de hasta cinco años para estos delitos. El juez federal deberá fijar fecha para el debate oral y público.

Pruebas contra los cinco imputados

Las escuchas telefónicas exhiben a Alaniz ofreciendo terrenos durante actos proselitistas. Un testigo declaró que un hombre preguntó “dónde estaban los lotes que regala el Cotorra”. Otro video muestra al candidato recibiendo a ocupantes y prometiendo servicios tras la elección.

En el celular de Báez se hallaron audios en los que asegura haber hablado con Negro sobre la ocupación. También se menciona un plan para regularizar escrituras si ganaba Alaniz. La fiscalía incorporó estos registros como evidencia de coordinación.

Romano y Garretón aparecen como gestores de los primeros lotes y nexo con el municipio. El ERSeP confirmó que el certificado de instalación eléctrica fue tramitado a nombre de Romano. Báez coordinó el alambrado y la división interna del predio.

Las familias levantaron unas sesenta construcciones precarias al costado de las vías. El Estado nacional quedó privado de uso y posesión del inmueble. Para Cabanillas, la maniobra fue deliberada y supervisada por líderes políticos en busca de rédito electoral.