El intendente K de Río Gallegos habría dado concesiones irregulares a familiares. Cómo avanza la causa.
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El Gobierno de Santa Cruz avanzó con nuevas denuncias judiciales contra la administración del exintendente Pablo Grasso en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).
La acusación apunta a la presunta adjudicación irregular de terrenos fiscales en el barrio El Faro de Río Gallegos, favoreciendo a personas cercanas a su entorno político y familiar.
Adjudicaciones sin respaldo administrativo
La denuncia, presentada por el propio IDUV, sostiene que los terrenos fueron entregados sin cumplir los procedimientos administrativos exigidos por la normativa vigente.
Según el abogado querellante, Juan Macagno, la investigación comenzó tras detectar documentación sin respaldo legal. "No hubo resolución del directorio ni expediente formal que justificara la entrega de los terrenos", explicó en declaraciones a Radio Nuevo Día.
El kirchnerista Pablo Grasso
El barrio El Faro, ubicado en una zona de alta valorización inmobiliaria cerca de la ría, formaba parte de un banco residual administrado por el IDUV. La denuncia detalla que en 2019, días antes de dejar la presidencia del organismo para asumir como intendente, Grasso firmó adjudicaciones sin aprobación del directorio.
Beneficiarios con vínculos políticos y familiares
Uno de los puntos más relevantes de la denuncia es la lista de beneficiarios, donde figuran familiares y allegados al exintendente.
El cuñado de Grasso habría recibido un terreno de 1.300 metros cuadrados sin declarar su vínculo familiar en la documentación presentada.
En 2023, cuando su hermana, María de los Ángeles Grasso, dirigía el IDUV, se habría repetido la misma maniobra.
El abogado Macagno explicó que la Justicia deberá determinar la responsabilidad de los beneficiarios y si actuaron de buena fe. “Si falsearon información u omitieron datos clave, podrían ser imputados. Pero si devuelven los terrenos sin oposición, es probable que no enfrenten cargos penales”, señaló.
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Terrenos con alto valor inmobiliario
Otro aspecto relevante es el valor de los terrenos adjudicados, ya que no se trata de lotes fiscales comunes, sino de propiedades con cotización en dólares debido a su ubicación privilegiada en Río Gallegos.
Además, se constató que ninguno de los adjudicatarios realizó pagos ni cumplió con los requisitos establecidos. "De las 31 personas que recibieron los terrenos, ninguna hizo un solo pago ni presentó la documentación exigida", explicó el abogado.
Avance de la causa judicial
La denuncia ya está en manos de la Justicia penal de Santa Cruz, y el IDUV se presentó como querellante. Macagno estimó que la investigación podría avanzar en seis meses y derivar en imputaciones.
"Cuando las pruebas son contundentes, el proceso suele ser más ágil. En este caso, hay documentos firmados sin respaldo legal, adjudicaciones a familiares de funcionarios y ausencia total de pagos. Esto permitiría que, en un plazo de seis meses, haya imputaciones y que la causa llegue a juicio oral dentro de un año", concluyó.
