En medio de uno de los procesos judiciales más polémicos vinculados al uso de fondos públicos durante los gobiernos kirchneristas, el juicio oral por el escándalo del plan de viviendas Sueños Compartidos volvió a colocar bajo la lupa el manejo de cientos de millones de pesos destinados a políticas sociales. La causa investiga una presunta administración fraudulenta de 748 millones de pesos transferidos por el Estado nacional a la fundación Madres de Plaza de Mayo entre 2008 y 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En ese marco, el ex director de la organización, Sergio Schoklender, realizó declaraciones explosivas ante el tribunal al sostener que parte de esos recursos habría sido utilizado para financiar actos políticos, movilizaciones y campañas electorales del kirchnerismo, incluyendo actividades vinculadas a la propia ex presidenta y a su entonces compañero de fórmula, Amado Boudou. Las declaraciones del ex directivo se produjeron durante su indagatoria en el juicio oral por el desvío de fondos del plan de viviendas Sueños Compartidos, donde aseguró que el dinero que debía destinarse a obras sociales fue utilizado con fines políticos por orden directa de la entonces presidenta de la fundación, Hebe de Bonafini.
Según relató, “por orden de Hebe de Bonafini” se desviaron fondos para financiar las campañas de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y otros dirigentes alineados con el kirchnerismo. Durante su declaración, Schoklender afirmó que Bonafini “estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla”. Bonafini también había sido procesada en la causa, aunque falleció en noviembre de 2022 antes de enfrentar el juicio.
El ex directivo relató además que las exigencias políticas llegaban de manera constante desde el entorno kirchnerista. Vestido con una remera blanca y negra durante la audiencia, explicó que después “venían las demandas insólitas y delirantes”, como detener las obras para movilizar trabajadores hacia actos políticos. Según detalló, se les exigía organizar movilizaciones “a los actos de Cristina o de Boudou o la campaña de (Carlos) Heller”, lo que implicaba financiar micros, escenarios, banderas, pasacalles, seguridad y parlantes, entre otros gastos logísticos.
Schoklender aseguró que también se destinaron recursos del programa a otras actividades vinculadas al aparato militante kirchnerista. Entre ellas mencionó la creación de un centro cultural en el predio de la ESMA, el pago de sueldos a militantes de la agrupación HIJOS o hijos de exiliados, y diversas iniciativas impulsadas por la fundación. El ex director sostuvo que con esos fondos se financiaron además “el congreso de salud mental y derechos humanos y la universidad de las Madres. Y afiches para candidatos K de cualquier rincón del país”.
En 2010, incluso se sospechó que la fundación había financiado la impresión y pegatina de afiches contra periodistas del diario Clarín, en el marco de la fuerte confrontación del kirchnerismo con la prensa. El dinero, según Schoklender, también sirvió para sostener “la radio de las Madres con edificio y equipos propios y un departamento propio para Hebe. Más los viajes de las Madres. Incalculable”, afirmó durante la audiencia realizada por Zoom en el juicio oral del jueves de esta semana.
En su declaración, el ex directivo aseguró que “sobraba la plata porque no se pagan coimas y las únicas dos personas para decidir el destino éramos Hebe y yo”. Schoklender sostuvo además que, en su momento, la fundación llegó a convertirse “por los certificados de obra en la primera constructora del país”, aunque intentaron ingresar a la Cámara Argentina de la Construcción y fueron bloqueados por su entonces presidente, Carlos Wagner. La causa judicial se originó tras una investigación periodística publicada por el diario Clarín en 2011 y recién 14 años después llegó finalmente a juicio oral.
Durante su testimonio, Schoklender también afirmó que “mientras hacíamos todo esto los amigos de Planificación nos ahogaban financieramente”, al retrasar pagos de certificados de obra. Según explicó, la fundación acumuló una deuda de cargas sociales de 70 millones de pesos, cifra que actualizada rondaría los 200 millones. En 2011, el control del plan Sueños Compartidos pasó al entonces ministro de Economía, Amado Boudou.
