En una decisión que complica seriamente la gobernabilidad y atenta contra la democracia, el Senado aprobó la media sanción de un proyecto que restringe el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de sacarle al presidente Javier Milei una herramienta clave para tomar medidas rápidas.
La iniciativa aprobada introduce limitaciones sin precedentes para el uso de los DNU: exige la aprobación expresa de ambas Cámaras, con mayoría absoluta de presentes y en un plazo máximo de 90 días, elimina la exigencia de rechazo por ambas Cámaras (ahora basta con que una sola lo rechace para que quede anulado) y restringe cada decreto a una sola materia, quitando flexibilidad para enfrentar situaciones complejas.
