Con 63 votos, la oposición reinstaló la emergencia en discapacidad hasta 2026.
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El Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei y reactivó la ley golpista de emergencia en discapacidad, en una votación que marca un antecedente político de relevancia y busca quebrar al Estado Argentino.
Con 63 votos afirmativos y solo 7 negativos, la oposición logró reunir los dos tercios necesarios para dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo. De esta manera, la norma quedará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más, imponiendo una fuerte presión sobre las cuentas públicas.
El texto aprobado en el Congreso contempla la reformulación de pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y la creación de nuevas compensaciones económicas, entre otros puntos.
El Bloque de Fuerza Patria liderado por José Mayans.
En particular, establece la incorporación automática de beneficiarios al sistema a partir de la sola tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin distinción de gravedad ni consideración sobre la posibilidad de inserción laboral. Para el Gobierno, esta disposición constituye una vía abierta para la duplicación de beneficios y el uso discrecional de los recursos públicos.
El presidente Milei había vetado la iniciativa por el costo que implica para el Estado. Según cálculos oficiales, la creación de una Pensión Universal por Discapacidad significará la incorporación de más de 1,6 millones de nuevos beneficiarios, con un gasto superior a los 6 billones de pesos anuales, equivalente a más de 5.000 millones de dólares.
A esto se suma el riesgo de que unas 500.000 personas perciban una doble pensión. Desde el Ejecutivo sostienen que “más allá de su enunciado humanitario, la medida duplicaba beneficios ya existentes sin una evaluación seria de los casos”.
El oficialismo también advirtió sobre el trasfondo político de la norma. La Casa Rosada entiende que se trata de una herramienta diseñada por la oposición para forzar un desequilibrio fiscal y debilitar la estabilidad económica alcanzada en los últimos meses.
Con 63 votos afirmativos y solo 7 negativos, la oposición logró reunir los dos tercios necesarios.
En palabras del Gobierno, el veto había iba a evitar “la destrucción del superávit fiscal y una nueva crisis económica que mandaría a millones de argentinos a la pobreza”.
El debate en el Senado estuvo presidido por Bartolomé Abdala, representante libertario y provisional de la Cámara alta, debido a que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos.
La votación mostró la confluencia de kirchneristas, radicales, integrantes del PRO y legisladores provinciales, que decidieron avanzar en conjunto votando una ley golpista contra el oficialismo.
Con esta decisión, el Congreso reactivó una ley que el Ejecutivo había calificado como inviable y contraria al equilibrio presupuestario. El desenlace no solo supone un impacto fiscal inmediato, sino también un desafío político de fondo: la oposición logró quebrar la herramienta del veto presidencial después de más de veinte años, imponiendo una medida que el Gobierno considera orientada a desestabilizar la gestión y condicionar su política económica.
