Desde que La Libertad Avanza asumió la presidencia, el panorama de las protestas piqueteras en la calle ha cambiado enormemente: aunque aún hay manifestaciones, ya no se interrumpe el tránsito, ya que las marchas transcurren sin cortar las calles. Incluso Eduardo Belliboni, dirigente de izquierda, realiza sus reclamos por alimentos para los comedores desde la vereda frente al Ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini y Juncal, en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, la cantidad de participantes en estas movilizaciones ha disminuido notablemente. A menos de nueve meses de asumir el cargo, el presidente Javier Milei cumplió con otra de sus promesas de campaña: "Terminar con las extorsiones y los cortes de los piqueteros".
Un nuevo orden: los piqueteros ya no pueden hacer lo que quieran
Dirigentes sociales y líderes piqueteros, aunque con poca autocrítica, reconocen que se ha impuesto un nuevo orden y que la sociedad les exige más. "La gente que antes se movilizaba y marchaba está en una situación difícil, desilusionada, ya no confía en el dirigente social", admiten, negando las extorsiones para movilizar a los beneficiarios.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comentó: "Circular por el país parecía imposible. Muchos argentinos creían que los piquetes serían eternos. Al llegar al gobierno, establecimos un protocolo que regula la manera en que se realizan las protestas, y fue avalado por distintas instancias judiciales. Estamos ante un cambio de paradigma en esta materia. Nadie les impide realizar sus marchas, lo que no podrán hacer es cortar las calles. Deberán ir por la vereda o a una plaza".
Protocolo antipiquetes: cómo funciona el metodo impulsado por Patricia Bullrich
El protocolo antipiquetes fue la primera herramienta que el gobierno de Javier Milei utilizó para enfrentar a las violentas organizaciones sociales de izquierda y peronistas. Además, se implementó la Línea 134 para que los beneficiarios de planes sociales denuncien las "extorsiones" de las que son víctimas por parte de los dirigentes sociales para asistir a las marchas.
En la misma línea, se encuentran las políticas que llevó a cabo la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para debilitar el poder de estas organizaciones después de realizar una serie de auditorías internas que revelaron graves irregularidades en la distribución de alimentos que recibían del Estado para los sectores más vulnerables. Según estos registros, solo el 7% de los alimentos distribuidos fueron debidamente rendidos.
Pettovello eliminó la tercerización de estos bolsones de comida: ahora la asistencia se realiza de manera directa a través de la tarjeta Alimentar Comunidad. También desplazó a los dirigentes de la UTEP que ocupaban cargos en el antiguo Ministerio de Desarrollo Social, como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Fernanda Miño, del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, y actual funcionario del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Además, desdobló el programa Potenciar Trabajo, eliminando el control sobre el alta y baja de beneficiarios del programa más importante de la cartera. En concreto, las organizaciones sociales dejaron de certificar las contraprestaciones de los planes que manejaban a través de las cooperativas, que eran las antiguas Unidades de Gestión, y que, según denuncias judiciales, se utilizaban para movilizar personas a las marchas. Este hecho quedó reflejado en las llamadas a la Línea 134, que en ocasiones se saturó.
Hasta el 26 de agosto, se habían recibido 201.333 llamadas: 10.814 fueron derivadas a otros organismos; 1.925 denunciaban que los obligaban a asistir a movilizaciones; otras 8.889 denuncias reportaban amenazas y coacciones para participar en piquetes bajo la amenaza de quitarles el plan social; y 3.493 personas fueron asesoradas según el tema de su consulta. La mayoría de estas denuncias contra organizaciones sociales y piqueteras fueron remitidas a la justicia y ya están siendo investigadas. Ayer, el Ministerio de Seguridad registró 210 llamadas, varias de ellas relacionadas con coacción y amenazas.
El procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, también referente de la Unidad Piquetera junto a otros 16 dirigentes, incluyendo a Jerónimo Canteros, su mano derecha en la organización de izquierda, generó críticas internas, aunque no se expresaron públicamente.
Situación de las organizaciones piqueteras
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Belliboni por administración fraudulenta debido a los fondos entregados por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Según el expediente, esos fondos fueron desviados para fines partidarios mediante facturas falsas. Además, se le impuso un embargo de $390 millones. "Se aprovecharon de una política pública para intereses partidarios", afirmó el magistrado. También se le imputó por presunta coacción a los beneficiarios de dicho programa social para que asistieran a marchas y movilizaciones.
Las organizaciones piqueteras están en un proceso de reconfiguración. Buscan nuevas formas de protesta, que aún no han logrado concretar, y realineamientos políticos, así como reordenamientos internos. El más evidente es que, para distanciarse de Belliboni, unas 15 organizaciones que formaban parte del Bloque Nacional Piquetero fundaron la organización "Territorios en Lucha". Entre ellas destacan Libres del Sur y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Algunas de estas organizaciones han mantenido reuniones con el sector del radicalismo liderado por Ricardo Alfonsín, con quienes discuten la creación de un nuevo espacio. Algo impensado antes de la llegada de Javier Milei a la presidencia.
