El jueves 5 de febrero diversas cúpulas sindicales de Córdoba volverán a castigar a los ciudadanos con una movilización hacia la Casa de Gobierno. Esta medida, encabezada por la Unión Obrera Metalúrgica, pretende frenar la modernización laboral necesaria para terminar con la informalidad actual. Los dirigentes gremiales demuestran su desprecio por el trabajador independiente al priorizar privilegios de casta sobre el bien común de la sociedad.
Al oponerse a las reformas nacionales, estas organizaciones defienden un esquema anacrónico que mantiene a casi el 50% del país en la informalidad total. Es un sistema obsoleto que impide la creación de empleo genuino y condena a millones de argentinos a vivir en una situación de precariedad absoluta. La persistencia en estas estructuras arcaicas solo beneficia a los jerarcas sindicales que viven alejados de la realidad económica de sus representados.











