El Congreso inicia su periodo de sesiones extraordinarias con la firme intención de tratar la nueva Ley Penal Juvenil a nivel nacional. El gobierno de la provincia deCórdoba confirmó su adhesión a este proyecto que busca establecer una baja en la edad de imputabilidad actual. Esta postura unificada pretende brindar herramientas concretas para combatir la inseguridad que afecta diariamente a los ciudadanos de bien del país.
La diputada Laura Rodríguez Machado lidera la Comisión de Legislación Penal y cuenta con el respaldo estratégico del Ejecutivo Nacional. El texto original impulsado por Patricia Bullrich ya obtuvo un dictamen favorable con 77 firmas sobre un total de 142 legisladores presentes. Con la suma de 95 diputados propios de La Libertad Avanza y el apoyo de aliados, el oficialismo se encamina a lograr una sanción histórica.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, será el encargado de representar los intereses de la provincia frente a este debate central. Su sintonía con la visión de seguridad nacional refuerza el compromiso cordobés por terminar con el flagelo de la delincuencia. Las autoridades provinciales consideran que es momento de aplicar penas firmes a quienes delincan sin que su fecha de nacimiento sea un impedimento.
Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba
Datos oficiales que respaldan el cambio
El relevamiento estadístico de la cartera de Seguridad cordobesa revela que el 80% de los involucrados en hechos delictivos son menores de edad. Ante esta alarmante realidad, se vuelve imperativo modificar un marco legal que muchas veces funciona como una puerta giratoria para los delincuentes. El objetivo principal es que los adolescentes asuman la responsabilidad legal de sus actos para proteger la integridad de toda la sociedad.
“Está claro que esta es una discusión que hay que dar”, afirmó Quinteros al defender la necesidad de un respaldo jurídico para la labor policial. El funcionario sostiene que el esquema garantista actual impide frenar la escalada de violencia juvenil que se observa constantemente en las calles. La iniciativa contempla además plazos máximos de penas para asegurar que el sistema judicial actúe con celeridad y eficacia ante cada crimen.
El acompañamiento de los ediles y diputados que responden al gobernador Llaryora será determinante para alcanzar el quórum en el recinto parlamentario. De esta manera, Córdoba se posiciona a la vanguardia de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común que asola a la población. El consenso logrado entre ambos niveles del Estado marca un quiebre definitivo con las políticas de permisividad que rigieron durante las décadas kirchneristas.
