Testaferros de la AFA: suspenden audiencias por la mansión de Pilar tras un pedido de la defensa

En ese marco, la Justicia sospecha que ambos habrían actuado como testaferros, ocultando a los verdaderos beneficiarios de los bienes, en una operatoria que podría configurar delitos económicos y financieros de gravedad.

Sospechas sobre los verdaderos dueños

De acuerdo con la hipótesis de la causa, la mansión y los bienes secuestrados no pertenecerían realmente a Pantano y Conte, sino que estarían vinculados a altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que habrían utilizado a terceros para figurar formalmente como propietarios.

Si bien la investigación se encuentra en una etapa preliminar, los fiscales consideran que existen indicios suficientes para avanzar en el análisis del origen del dinero y en la posible existencia de maniobras de lavado de activos u ocultamiento patrimonial.

Un expediente clave en pausa

La suspensión de las audiencias implica una pausa relevante en un expediente sensible, que combina bienes de alto valor, presuntas maniobras de ocultamiento y la eventual participación de dirigentes de peso en el fútbol argentino. El futuro inmediato de la causa dependerá ahora de la decisión del juez federal de Campana sobre la competencia.

Hasta que esa definición se concrete, la investigación permanecerá en suspenso, a la espera de que se destrabe una disputa procesal que podría marcar el rumbo del caso.

Mientras esa definición no se produzca, Aguinsky consideró prudente suspender las indagatorias, que tenían como objetivo central que los imputados explicaran el origen de los fondos utilizados para adquirir y mantener una lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

El patrimonio bajo la lupa judicial

Según la investigación, Pantano y Conte debían justificar no solo la compra de la mansión, sino también el mantenimiento de un patrimonio que incluye 54 vehículos de alta gama, todos secuestrados durante los allanamientos realizados en el predio. Para los investigadores, el volumen de bienes y el nivel de gastos asociados resultan difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados por los imputados.