Una réplica de una bomba fue encontrada este miércoles por la mañana en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicada en Viamonte 1147, en el barrio porteño de San Nicolás, junto a una nota escrita en árabe que ahora es materia de análisis.
El hallazgo generó una situación de máxima alerta en un edificio clave del ámbito judicial y obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad ante la sospecha de un posible artefacto explosivo.
Según informaron desde la Policía de la Ciudad, la intervención comenzó cuando personal de seguridad del edificio alertó que un bolso había sido arrojado en el interior del inmueble.
A partir de ese momento, se dispuso el aislamiento inmediato del área y se convocó a equipos especializados para analizar la situación. El procedimiento incluyó la participación del Escuadrón Antibombas, la División Delitos Constitucionales y otras brigadas técnicas, que trabajaron de manera coordinada para evaluar el contenido del objeto.
Durante más de dos horas, los especialistas realizaron una inspección minuciosa del bolso sospechoso. Finalmente, determinaron que se trataba de una réplica de una bomba aérea, sin carga explosiva ni sustancias peligrosas.
De este modo, las autoridades descartaron cualquier riesgo concreto para el personal que trabaja en el edificio y para quienes circulaban por la zona al momento del operativo.
La réplica del bomba.
El despliegue también contó con la presencia de personal de Riesgos Especiales y distintas brigadas de explosivos, que reforzaron el perímetro de seguridad mientras se desarrollaban las tareas de verificación. A pesar de la tensión generada por el hallazgo, no se registraron heridos ni daños materiales como consecuencia del episodio.
Uno de los elementos que ahora forma parte de la investigación es una nota escrita en árabe que fue encontrada junto al objeto, cuyo contenido está siendo analizado por las autoridades competentes. Este aspecto suma un elemento adicional al caso, que busca determinar el origen del hecho y la intencionalidad detrás de la maniobra.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del doctor Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°4, encabezada por el doctor Esteban Murano.
El expediente fue caratulado como intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones para quienes provoquen alarma social mediante amenazas falsas o simulaciones de peligro.
