El abogado y profesor universitario Manuel García Mansilla, quien había sido designado como miembro de la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de marzo, presentó hoy su renuncia irrevocable al cargo, apenas 40 días después de haber prestado juramento.
Su dimisión se produce en medio de un clima de fuerte tensión política y judicial, tras ser ilegalmente rechazado por el Senado, ya se que usaron razones políticas y no de idoneidad como indica la Constitución Nacional. Con su salida, la Corte vuelve a quedar compuesta por tres jueces: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
García Mansilla tuvo un paso fugaz por el máximo tribunal, al que accedió mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el 25 de febrero. Ese mismo decreto también proponía la incorporación del juez federal Ariel Lijo, quien finalmente no asumió ya que no aceptó renunciar a su actual cargo, requisito exigido por la Corte para su ingreso.
Manuel García Mansilla al momento de asumir su cargo.
El viernes pasado, la casta política se puso de acuerdo para rechazar los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, lo que incrementó las presiones sobre el primero para que dejara su puesto en la Corte.
Poco después de la votación, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que le prohibía a García Mansilla firmar resoluciones o adoptar decisiones administrativas durante un período de 90 días, hasta tanto se resolviera la validez del decreto presidencial que dispuso su nombramiento.
Ramos Padilla basó su resolución en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, el cual estipula que un magistrado designado en comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales sin el aval del Senado. "La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional", afirmó el juez.
Sin embargo, la Constitución dice claramente que el Senado solo puede rechazar por cuestiones de idoneidad. Por ejemplo, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, debería haber sido rechazado, ya que no era abogado en funciones sino que era un político.
Javier Milei, presidente de Argentina.
La defensa del Gobierno
Tras la medida cautelar dictada por Ramos Padilla, el Gobierno de Javier Milei sostuvo la legitimidad del decreto que designó a García Mansilla, afirmando que respondía a una facultad constitucional del Poder Ejecutivo.
El sábado, el Ejecutivo interpuso un recurso de "per saltum" ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la resolución judicial. No obstante, los otros tres ministros del alto tribunal no habrían mostrado voluntad de avanzar con el tratamiento del planteo, lo que agravó aún más la situación de García Mansilla.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó públicamente que la Constitución no contempla ninguna cláusula que obligue a García Mansilla a presentar su renuncia en un escenario como el actual. En sintonía, el propio magistrado había presentado un descargo ante Ramos Padilla, en el que defendía la legalidad de su nombramiento y sostenía que su eventual salida del cargo solo podía concretarse a través de un juicio político.
