Con la mira puesta en octubre, el Gobierno nacional evalúa avanzar con una reforma migratoria de alto voltaje simbólico y político. La iniciativa —que podría ser concretada por decreto en las próximas semanas— surge como respuesta al firme compromiso del presidente Javier Milei con la seguridad nacional, el orden jurídico y la revalorización de la ciudadanía argentina.
Según fuentes de la Casa Rosada, la reforma se canalizaría a través de una nueva reglamentación de la Ley de Migraciones N° 25.871, sin necesidad de alterar su letra legal. “Hay algunas partes de la reforma que podemos sacar sin contradecir la ley actual”, explicaron desde el Ejecutivo, reconociendo que se trata de una movida cuidadosamente calibrada para maximizar su efectividad y minimizar la resistencia parlamentaria.











