Finalmente, representantes de Uber y autoridades municipales de Córdoba mantuvieron este viernes su primera reunión oficial. El objetivo fue comenzar a definir un marco legal para el funcionamiento de plataformas electrónicas de transporte. El diálogo abre una nueva etapa tras años de disputas judiciales y tensiones con el sector.
Uber se mostró de acuerdo con la mayoría de los requisitos exigidos por la ciudad para operar legalmente. Aceptaron inscribirse en el ARCA, registrar domicilio legal, presentar seguros y contratos, y cumplir con los estándares de los vehículos. También se comprometieron a solicitar habilitación municipal y a constituirse como persona jurídica.
El único punto en el que hubo diferencias fue la intención del municipio de limitar el número de licencias. Según trascendió, Uber rechazó esta cláusula por considerarla perjudicial para los trabajadores y usuarios. La negociación continuará en próximos encuentros.
Uber rechaza la cláusula que limita la cantidad de choferes habilitados
Uber rechaza el tope a las licencias por su impacto en choferes y usuarios
Desde Uber alertan que la medida implica un retroceso en términos de inclusión laboral y acceso a la movilidad. Insisten en que no existe fundamento técnico para establecer ese límite. Advierten que se rompería la lógica de la demanda flexible que sostiene este tipo de servicios.
“El mensaje que podemos transmitir es la aprobación de la ordenanza. Aquellos trabajadores del transporte a partir de las aplicaciones, como así también las empresas dedicadas a ese servicio, van a poder trabajar con legalidad, van a poder trabajar con un marco normativo que los respalde”, expresó el concejal oficialista Martín Simonian.
Martín Simonian, presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en el Concejo Deliberante
Passerini prioriza sus cajas y elige castigar a los usuarios antes que modernizar el transporte en Córdoba
Restringir la cantidad de choferes mediante un cupo rígido implicaría dejar afuera al 77% de quienes hoy encuentran en Uber una fuente de ingresos. En lugar de fomentar la inclusión laboral, la medida restringe el acceso a un servicio que ya es elegido por más de 400 mil usuarios cordobeses. La regulación no puede convertirse en un obstáculo que beneficie a unos pocos y castigue a quienes simplemente quieren trabajar.
La intención de limitar las licencias no responde a un criterio técnico ni a una necesidad real del sistema de movilidad. Es una decisión política funcional a los intereses del intendente Passerini, que busca proteger una de sus cajas: la del transporte tradicional. En vez de adaptarse al cambio, la Municipalidad se aferra a un modelo cada vez menos eficiente y menos elegido por los cordobeses, en perjuicio de miles de trabajadores y usuarios.
