La ordenanza 8.231 impuesta por el intendente Accastello permite expropiar terrenos privados bajo excusas sanitarias.
Compartir:
La gestión municipal en Villa María sancionó la Ordenanza 8.231 que permite al Estado confiscar terrenos privados bajo la simple excusa de no cumplir con las normas de higiene locales. Esta medida autoritaria rompe con el respeto fundamental a la propiedad privada y establece un sistema de control totalitario sobre los bienes ajenos. Las autoridades ahora tienen el poder de declarar de utilidad pública cualquier lote que no se ajuste a sus asfixiantes caprichos y normas ambientales.
El marco legal establece que un terreno abandonado por 6 meses tras una sentencia firme puede ser arrebatado a su legítimo dueño mediante expropiación. Resulta alarmante que el Departamento Ejecutivo Municipal posea la facultad de elevar proyectos para quitarle a las personas sus activos de inversión. En lugar de promover la responsabilidad individual, el municipio prefiere actuar como un ente omnipotente que castiga ferozmente a todos los propietarios.
La secretaria de Seguridad, Guadalupe Vázquez, justificó este atropello en Radio 90.7 dando a entender que el interés colectivo anula el derecho de propiedad. Utilizando el brote de dengue de 2024 como pretexto, el gobierno local se posiciona por encima de las leyes básicas que garantizan la libertad. Esta visión colectivista es el primer paso hacia una sociedad donde nadie es realmente dueño de lo que compra con el fruto de su esfuerzo.
Concejales de Villa María
Ataque estatal directo contra la propiedad privada
La voracidad fiscal del intendente Eduardo Accastello se manifiesta en multas récords que ya han alcanzado las sumas de $30.000.000 y $50.000.000. A pesar de que los dueños pagaron estas cifras astronómicas, el Estado municipal persiste en su hostigamiento para apoderarse de los terrenos afectados. Este esquema de persecución económica demuestra que el fin último no es la limpieza urbana, sino el control total sobre el patrimonio de los vecinos.
El mecanismo de notificación digital mediante CiDi otorga un plazo ridículo de solo 48 horas para que el propietario realice tareas de mantenimiento. Si el ciudadano no cumple con este ultimátum, la municipalidad ingresa a la propiedad privada y cobra el costo de la limpieza de manera compulsiva. Este tipo de intervenciones violentan la privacidad y convierten a la administración pública en un supervisor constante de la vida y bienes de la gente.
La funcionaria Vázquez criticó abiertamente a quienes invierten en tierras, mostrando un sesgo ideológico contrario al libre mercado y al ahorro privado. Al respecto declaró: "Hay un comportamiento que se viene reiterando, que ocurre en muchos casos con quienes adquieren lotes para hacer una inversión, pero que no viven ni tienen intenciones en lo pronto de vivir en ese lugar y que no generan las herramientas necesarias para conservarlos conforme dice la normativa".
Uno de los terrenos de Villa María que podría ser expropiado por la municipalidad
Políticas confiscatorias al estilo de la URSS
La creación de un Registro de Infractores de Mantenimiento de Baldíos funciona como una lista negra destinada a segregar a los ciudadanos desobedientes. Quienes integren esta nómina estatal no podrán acceder a licencias comerciales, empleos públicos ni a los beneficios de cualquier programa de viviendas. Este sistema de castigos sociales busca asfixiar al individuo hasta que se someta por completo a las directivas impuestas por la burocracia gobernante.
El polémico artículo 13 permite que el municipio pague por la tierra un valor tasado, descontando arbitrariamente sus propias multas y gastos previos. De esta manera, el Estado puede quedarse con inmuebles valiosos casi gratis, financiando su Fondo Municipal de Remediación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Este robo legalizado desincentiva cualquier tipo de inversión futura y condena a Villa María a un estancamiento propio de los regímenes comunistas.
Vázquez cerró su argumentación con una frase que liquida la seguridad jurídica al afirmar: "El derecho a la salud y a la vida del resto es más importante que el derecho a la propiedad". Esta jerarquización de derechos es la base de las dictaduras más cruentas de la historia, donde el individuo es sacrificado por un bien común abstracto. Defender la propiedad privada es hoy la única forma de evitar que el avance estatal devore definitivamente todas nuestras libertades fundamentales.
