La gestión municipal en Villa María sancionó la Ordenanza 8.231 que permite al Estado confiscar terrenos privados bajo la simple excusa de no cumplir con las normas de higiene locales. Esta medida autoritaria rompe con el respeto fundamental a la propiedad privada y establece un sistema de control totalitario sobre los bienes ajenos. Las autoridades ahora tienen el poder de declarar de utilidad pública cualquier lote que no se ajuste a sus asfixiantes caprichos y normas ambientales.
El marco legal establece que un terreno abandonado por 6 meses tras una sentencia firme puede ser arrebatado a su legítimo dueño mediante expropiación. Resulta alarmante que el Departamento Ejecutivo Municipal posea la facultad de elevar proyectos para quitarle a las personas sus activos de inversión. En lugar de promover la responsabilidad individual, el municipio prefiere actuar como un ente omnipotente que castiga ferozmente a todos los propietarios.
La secretaria de Seguridad, Guadalupe Vázquez, justificó este atropello en Radio 90.7 dando a entender que el interés colectivo anula el derecho de propiedad. Utilizando el brote de dengue de 2024 como pretexto, el gobierno local se posiciona por encima de las leyes básicas que garantizan la libertad. Esta visión colectivista es el primer paso hacia una sociedad donde nadie es realmente dueño de lo que compra con el fruto de su esfuerzo.
