El juez federal subrogante de Villa María decidió no intervenir en el reclamo de los trabajadores de plataformas digitales. Carlos Ochoa declaró la incompetencia federal en el amparo colectivo presentado por 54 choferes de Uber. La medida deja desprotegidos a los prestadores frente a la ordenanza municipal que regula y restringe la actividad de transporte.
El recurso legal impulsado por el abogado Pablo Maccarini buscaba frenar el avance del estatismo sobre la iniciativa privada. Los conductores solicitaron la inconstitucionalidad de la norma 8232 por considerar que distorsiona la competencia y el acceso al mercado. El fallo representa un revés para quienes buscan trabajar libremente fuera de las corporaciones tradicionales.
El colectivo de trabajadores denunció que la regulación local impone requisitos y prohibiciones que vulneran la Ley de Defensa del Consumidor. Los choferes sostienen que son víctimas de un régimen que impacta negativamente sobre su libertad para trabajar y generar ingresos. La decisión judicial prolonga la incertidumbre para cientos de familias que dependen de esta fuente de trabajo.
El problema es que este cupo es compartido con los taxis existentes dejando sin margen real a los nuevos choferes.
Burocracia judicial y desamparo
El magistrado argumentó que intervenir implicaría un avasallamiento de las autonomías provinciales y desconoció el carácter federal del conflicto. Ochoa archivó la causa alegando que la discusión debe darse en la justicia ordinaria y no en el fuero de excepción. Esta postura dilata los tiempos de resolución mientras los inspectores municipales continúan la persecución.
Para el juez no existe comercio interjurisdiccional aunque la tecnología y los pagos operen mediante infraestructuras globales. Esta interpretación niega la realidad de las economías de plataforma y somete a la innovación a regulaciones del siglo pasado. El fallo desconoce que los usuarios ya validaron el servicio mediante su elección libre y voluntaria.
El fallo sostiene que impedir al municipio regular aspectos locales anularía su autonomía administrativa y política. Sin embargo esta visión omite el daño que las trabas burocráticas generan sobre los consumidores que ya eligieron el servicio libremente. La justicia parece priorizar el orden administrativo estatal por sobre el derecho a trabajar y ejercer el comercio lícito.
Los conductores solicitaron la inconstitucionalidad de la norma 8232 por considerar que distorsiona la competencia y el acceso al mercado.
Cepo de 565 autos para toda Villa María
La ordenanza establece unlímite arbitrario de una licencia cada 170 habitantes según el último censo oficial. Con una población de 96.061 personas esto resulta en un techo máximo de apenas 565 vehículos habilitados en total. El problema es que este cupo es compartido con los taxis existentes dejando sin margen real a los nuevos choferes.
Esta regulación congela la oferta de transporte y bloquea el ingreso de competencia al mercado cerrado de la ciudad. El municipio decide centralizadamente cuántos autos pueden circular ignorando la demanda de los usuarios. La medida protege a los licenciatarios actuales y expulsa a quienes quieren trabajar con su propio capital.
Los requisitos incluyen además probar dos años de residencia y realizar revisiones técnicas cada 90 días. Estas barreras burocráticas encarecen el servicio y discriminan a trabajadores de localidades vecinas. El sistema está diseñado para mantener el status quo y desalentar la inversión privada en el sector del transporte.
La ordenanza establece un límite arbitrario de una licencia cada 170 habitantes según el último censo oficial.
