El juez federal subrogante de Villa María decidió no intervenir en el reclamo de los trabajadores de plataformas digitales. Carlos Ochoa declaró la incompetencia federal en el amparo colectivo presentado por 54 choferes de Uber. La medida deja desprotegidos a los prestadores frente a la ordenanza municipal que regula y restringe la actividad de transporte.
El recurso legal impulsado por el abogado Pablo Maccarini buscaba frenar el avance del estatismo sobre la iniciativa privada. Los conductores solicitaron la inconstitucionalidad de la norma 8232 por considerar que distorsiona la competencia y el acceso al mercado. El fallo representa un revés para quienes buscan trabajar libremente fuera de las corporaciones tradicionales.
El colectivo de trabajadores denunció que la regulación local impone requisitos y prohibiciones que vulneran la Ley de Defensa del Consumidor. Los choferes sostienen que son víctimas de un régimen que impacta negativamente sobre su libertad para trabajar y generar ingresos. La decisión judicial prolonga la incertidumbre para cientos de familias que dependen de esta fuente de trabajo.
Burocracia judicial y desamparo
El magistrado argumentó que intervenir implicaría un avasallamiento de las autonomías provinciales y desconoció el carácter federal del conflicto. Ochoa archivó la causa alegando que la discusión debe darse en la justicia ordinaria y no en el fuero de excepción. Esta postura dilata los tiempos de resolución mientras los inspectores municipales continúan la persecución.
Para el juez no existe comercio interjurisdiccional aunque la tecnología y los pagos operen mediante infraestructuras globales. Esta interpretación niega la realidad de las economías de plataforma y somete a la innovación a regulaciones del siglo pasado. El fallo desconoce que los usuarios ya validaron el servicio mediante su elección libre y voluntaria.
