Tres imputados por explotación llegaron a un acuerdo judicial que les permitirá evitar el juicio oral a cambio de una reparación económica significativa. La propuesta fue aceptada por las víctimas y validada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba. La suma pactada alcanza los 15 millones de pesos, que deberán repartirse entre los cuatro trabajadores afectados.
Los involucrados fueron señalados como responsables de someter a empleados rurales a jornadas extenuantes y sin acceso a condiciones mínimas de dignidad. La investigación comprobó que los trabajadores cumplían hasta 16 horas diarias de labor sin descanso suficiente. Además, las promesas iniciales de mejores ingresos y comodidades resultaron completamente falsas.
El ofrecimiento económico fue presentado bajo la figura de reparación integral del perjuicio causado y aceptado por la fiscalía interviniente. La jueza Carolina Prado avaló el acuerdo y dispuso las condiciones para que se concrete el resarcimiento. Una vez cumplido, los tres acusados quedarán sobreseídos en el expediente.
La jueza Carolina Prado avaló el acuerdo de resarcimiento
Condiciones extremas en los campos rurales
Las víctimas habían sido trasladadas desde Tucumán con la expectativa de obtener ingresos más altos y mejores beneficios. Sin embargo, el panorama que encontraron fue de abandono y precariedad absoluta.Fueron alojados bajo un tinglado sin paredes y con un piso de tierra donde incluso dormían sobre colchones arruinados.
El lugar carecía de baños, agua potable y electricidad, lo que generaba un cuadro de insalubridad permanente. La falta de infraestructura básica fue acompañada por una alimentación irregular y escasa. A veces pasaban días enteros con poco más que papas como única comida disponible.
El relato recogido por los investigadores incluyó la falta total de medidas de seguridad y elementos de protección. Tampoco contaban con atención médica ni acceso a comunicación. “Él era el que contrataba gente para ir a trabajar; era de mucho dinero”, declararon sobre uno de los acusados.
Tribunales Federales de Córdoba
Reparación económica y cierre judicial
La propuesta de los imputados fue considerada una salida válida para evitar la exposición de un juicio extenso. El acuerdo se basó en el reconocimiento del daño y en la voluntad de compensar a las víctimas con una suma concreta. Los fiscales y la defensora oficial acompañaron la decisión de aceptar el ofrecimiento.
Del total de 15.020.834 pesos acordados, Zabala se comprometió a pagar más de 13 millones. Espinoza y Ávila cubrirán en conjunto los 2 millones restantes. La distribución de los fondos se realizará entre las cuatro personas explotadas durante ese período.
Una vez canceladas las obligaciones, la justicia dejará sin efecto las imputaciones penales. El fallo marcó una salida negociada frente a hechos de explotación que de otro modo hubieran ido a juicio. Con este esquema, se buscó una reparación concreta y la conclusión definitiva de la causa.
