La Policía Federal realizó allanamientos en centros sanitarios de Córdoba en el marco de una investigación nacional sobre ampollas de fentanilo contaminadas. Durante los procedimientos se secuestraron miles de ampollas adulteradas que estaban bajo custodia judicial en varios establecimientos de la provincia. Estas actuaciones se enmarcan en la pesquisa sobre lotes letales que provocaron casi cien fallecimientos y que derivaron en arrestos en otras provincias.
Los procedimientos se efectuaron en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe con coordinación para preservar la cadena de custodia de las pruebas incautadas. Reportes señalan que las ampollas incautadas correspondían a lotes comprometidos, retirados de circulación y mantenidos bajo custodia judicial. En Córdoba se allanaron instituciones que habían recibido unidades vinculadas; las fuentes precisaron que ninguna estaba en uso durante el operativo.
En agosto la causa avanzó cuando Ariel García Furfaro se entregó en Ezeiza; la investigación lo identifica como figura central en la cadena de producción. Hasta ahora hay once detenidos y 24 imputados; la lista incluye familiares y directivos que la pesquisa sitúa dentro de la estructura empresarial. Entre los arrestados están Nilda Furfaro, Diego y Damián Furfaro y Olga Luisa Arena, quien era presidenta de la firma al momento del lote 31202.
En Córdoba se allanaron instituciones que habían recibido unidades vinculadas
Avances en detenciones y responsabilidades
Además fueron apresados directivos y responsables técnicos de los laboratorios implicados, con cargos ejecutivos en HLB Pharma y Laboratorio Ramallo. Entre los detenidos figuran Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, José Antonio Maiorano, Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano. La justicia busca precisar la participación y responsabilidad de cada uno en la elaboración, distribución y control de las ampollas contaminadas.
Los investigadores señalan que dos lotes fabricados en diciembre de 2024 serían el posible origen del brote que causó casi un centenar de muertes. El secuestro de ampollas en cuarenta establecimientos amplía el caudal probatorio y fortalece la hipótesis sobre la circulación de productos adulterados. Documentación y material secuestrado, junto a las detenciones de la cúpula empresarial, anticipan un proceso judicial de alto impacto en sede federal.
Con el avance sobre la cúpula empresarial implicada, la causa promete derivar en un proceso judicial que seguirá en manos de la justicia federal. Los peritajes de lotes y muestras retenidas resultarán determinantes para establecer trazabilidad y posibles responsabilidades en la cadena de producción. Tras el secuestro en varias provincias, la causa continuará recabando pruebas para esclarecer el origen del brote y determinar responsabilidades.
