La Justicia de Córdoba investiga un esquema de estafas en la obra social Apross que ya tiene 24 imputados y acumula 54 denuncias formales. Según Pablo Di Francesca, el grupo utilizaba datos de afiliados para emitir recetas falsas que luego alimentaban el mercado ilegal de medicamentos. De los acusados, 16 permanecen con prisión preventiva, y se sospecha que las maniobras se extendieron entre 2009 y 2024.
La fiscalía encontró más de 1.500 unidades de medicamentos no aptos para uso terapéutico listos para su venta en el mercado negro. “Estos medicamentos [...] no cumplían con los requisitos necesarios para poder verificar que los mismos sirvieron de manera terapéutica”, precisó Di Francesca. El fiscal además advirtió lo complejo de cuantificar el daño real por el transcurso del tiempo involucrado en el fraude.
El expediente también se complicó por un incendio en una sede de Apross que causó desaparición parcial de pruebas, aunque esto no detuvo el avance de la pesquisa. "Sí se ha podido establecer la desaparición de alguna prueba que pudiera ser de utilidad", confirmó el secretario fiscal. Mientras tanto, los afiliados exigen respuestas claras y un resarcimiento por el perjuicio sufrido.
Contexto del escándalo: un sistema público vulnerado por una red organizada
Apross agrupa hoy a más de 600 mil afiliados y es administradora del seguro de salud para estatales, con misión sólida en la cobertura médica. Desde 2019 el Ministerio Público Fiscal investiga múltiples irregularidades en Apross, incluyendo recetas falsas y facturación fraudulenta. La causa cobra mayor dimensión ante denuncias de que medicamentos oncológicos y psicotrópicos se desviaban hacia el comercio paralelo.
La fiscalía explicó que la maniobra delictiva implicaba coordinación entre varias personas para acceder a historiales y falsificar recetas aumentando riesgos. Los medicamentos hallados incluyen productos de uso controlado y tratamientos especiales cuya procedencia no pudo verificarse. Esto refleja la gravedad del fraude, que no sólo implica pérdidas económicas sino un peligro directo sobre la salud de los afiliados.
Además, los operativos se realizaron en varias localidades de Córdoba, asegurando documentación y dispositivos electrónicos vinculados a la emisión de recetas fraudulentas. Di Francesca señaló que los investigadores continúan analizando movimientos financieros para rastrear ganancias ilícitas obtenidas por la red. La causa sigue abierta y podría ampliarse si surgen nuevos involucrados o pruebas que vinculen a otros profesionales del sistema de salud.
