El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires clausuró 112 locales vinculados a la compraventa y reparación de celulares desde que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, dispuso el refuerzo de los controles sobre la actividad hace apenas quince días.
Los operativos forman parte de una estrategia para desarticular el circuito de comercialización de celulares robados, que posteriormente son revendidos o desarmados para comercializar sus partes como si se tratara de mercadería de origen legal.
Además de las clausuras, los procedimientos realizados por los organismos porteños y la Policía de la Ciudad permitieron detener a cinco personas y secuestrar teléfonos, repuestos y herramientas utilizadas para realizar reparaciones y desarmes.
“Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad”, sostuvo Jorge Macri al referirse al operativo contra los comercios que no pueden justificar el origen de los equipos.
Once, uno de los principales focos de los operativos
Uno de los puntos donde se concentraron los primeros procedimientos fue Once, una zona con una importante cantidad de comercios dedicados a la reparación y comercialización de teléfonos usados.
En distintos operativos, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y efectivos de la Policía de la Ciudad allanaron locales ubicados sobre la avenida Corrientes al 2100, Junín al 3003 y distintas galerías comerciales de la zona.
Entre los establecimientos inspeccionados estuvieron la Galería La Juanita, ubicada sobre avenida Pueyrredón al 9; la Galería La Internacional, en Corrientes 2330; y la galería comercial La Recova, en la esquina de Azcuénaga y Pueyrredón.
En esta última se clausuró el local 47, donde los agentes secuestraron 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura utilizadas para trabajos de servicio técnico.
Los dispositivos encontrados incluían equipos de marcas como iPhone, Motorola y Samsung. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno porteño, algunos tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), mientras que en otros casos los comerciantes no pudieron acreditar su procedencia.
Emergencia y controles más estrictos
El refuerzo de los controles comenzó luego de que Jorge Macri decretara la emergencia transitoria de la actividad de compraventa y reparación de celulares usados.
Entre las medidas implementadas se encuentra la creación de un registro específico para quienes desarrollan estas actividades, junto con un incremento de las tareas de fiscalización.
Además, se suspendieron habilitaciones en sectores considerados críticos por la concentración de comercios vinculados a la actividad. Entre ellos se encuentran Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo.
El objetivo es impedir que teléfonos sustraídos vuelvan rápidamente al circuito comercial mediante negocios que los compran para revenderlos completos o para desarmarlos y comercializar sus componentes.
“El que compra un teléfono robado es parte de una red mafiosa”
Jorge Macri endureció el mensaje contra quienes participan de este circuito y apuntó especialmente contra los comerciantes que adquieren teléfonos de origen ilícito para vender sus partes.
“El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante, es un delincuente que forma parte de una red mafiosa. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley”, afirmó el jefe de Gobierno.
Desde la administración porteña sostienen que los controles forman parte de una política más amplia de seguridad, que busca atacar tanto a quienes cometen los robos como a las estructuras que permiten que los bienes sustraídos vuelvan al mercado.
Más controles y recuperación de propiedades usurpadas
El Gobierno porteño también destacó que el operativo contra el mercado ilegal de celulares se suma a otras medidas implementadas desde diciembre de 2023 para reforzar la seguridad en la Ciudad.
Según informó la administración de Jorge Macri, durante este período se recuperaron más de 940 propiedades usurpadas y fueron restituidas a sus legítimos propietarios, con un valor estimado de alrededor de 500 millones de dólares.
A esto se suman los controles contra construcciones ilegales en distintos barrios y villas, además de los despliegues policiales destinados a reforzar los límites de la Ciudad y dificultar el ingreso y la fuga de delincuentes hacia la provincia de Buenos Aires.
Para el Ejecutivo porteño, la ofensiva contra las denominadas “cuevas” de celulares busca cerrar uno de los principales canales mediante los cuales los teléfonos robados pueden volver al circuito comercial y generar un negocio alrededor del delito.
