La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba anuló un concurso de 2017 en la Facultad de Derecho de la UNC. El tribunal le dio la razón al docente Eduardo Pintore, quien había denunciado irregularidades en la valoración de antecedentes.El fallo implica que la universidad deberá dictar un nuevo acto administrativo.
El fallo obliga a la Facultad de Derecho a repetir el proceso de selección.
El origen del conflicto académico
La disputa comenzó cuando se concursó un cargo de profesor adjunto en Derecho Internacional Público. Pintore impugnó al tercer postulante, Oscar Benítez, por presentar antecedentes “irregulares” o sin acreditar. También cuestionó que se lo exceptuara de contar con el título de doctor, requisito exigido en la convocatoria.
El jurado evaluador rechazó las impugnaciones y mantuvo el orden de mérito. Pintore insistió en que la decisión había sido arbitraria y sin sustento legal. Tras agotar las instancias administrativas en la UNC, recurrió a la Cámara Federal, como lo permite la Ley de Educación Superior.
La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba anuló un concurso de 2017 en la Facultad de Derecho de la UNC.
Irregularidades en la valoración del jurado
El tribunal de alzada advirtió “llamativas omisiones y desvíos” en la asignación de puntajes. Señaló que no había fundamentos claros sobre qué publicaciones, cursos o premios fueron tenidos en cuenta. Remarcó que la nulidad parcial dictada por la UNC carecía de sustento, ya que mantenía a algunos postulantes y excluía arbitrariamente a otros.
Los jueces Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi concluyeron que el concurso debía anularse en su totalidad. Recordaron que el jurado tiene la obligación de justificar cada puntaje para garantizar un control judicial adecuado. La falta de motivación, indicaron, convierte el dictamen en un “acto administrativo nulo”.
Pintore impugnó al tercer postulante, Oscar Benítez, por presentar antecedentes “irregulares” o sin acreditar.
Consecuencias para la UNC y próximos pasos
El fallo obliga a la Facultad de Derecho a repetir el proceso de selección. El caso expone nuevamente falencias en los mecanismos de concursos docentes en universidades públicas. Para los magistrados, la transparencia en estos procesos es esencial para resguardar la igualdad de condiciones.
La resolución se suma a otros antecedentes judiciales en los que se cuestionó el accionar de tribunales evaluadores de la UNC. Con este fallo, queda firme que los concursos sin fundamentación detallada vulneran la legalidad. Ahora, la universidad deberá iniciar un nuevo procedimiento conforme a las exigencias normativas.
Pintore insistió en que la decisión había sido arbitraria y sin sustento legal.
