El Servicio Penitenciario de Córdoba enfrenta un nuevo capítulo judicial con el ex jefe de Bouwer, Sergio Guzmán, como principal acusado. El fiscal Enrique Gavier dispuso que una parte de la investigación pase a juicio, señalando la existencia de una presunta asociación ilícita dentro del establecimiento. La causa apunta a un mecanismo sistemático de cobros ilegales que habría operado durante años y afectado a numerosos internos y sus familias.
La investigación sostiene que Guzmán se apoyaba en tres abogados y dos particulares que actuaban como intermediarios para ejecutar los pagos exigidos a cambio de beneficios dentro de la cárcel. Cada miembro de la red habría tenido un rol específico para asegurar que la maniobra funcionara sin inconvenientes ni filtraciones hacia autoridades superiores. El entramado también alcanzaba otros penales donde Guzmán se desempeñó, como la UCA y Cruz del Eje, ampliando su alcance dentro del sistema.
Entre los delitos imputados a Guzmán se incluyen asociación ilícita, extorsión a internos, privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de armas de fuego. Se lo acusa de permitir la formación de un “cogobierno” dentro de Bouwer, que daba poder a los líderes de pabellón para gestionar actividades ilícitas con total impunidad. La causa destaca que los favores otorgados a cambio de dinero o bienes incluían permisos, informes favorables y progresos en las fases de los internos.
