El caso expone presuntos pagos exigidos dentro del sistema penitenciario y despliega un entramado de corrupción complejo
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El Servicio Penitenciario de Córdoba enfrenta un nuevo capítulo judicial con el ex jefe de Bouwer, Sergio Guzmán, como principal acusado. El fiscal Enrique Gavier dispuso que una parte de la investigación pase a juicio, señalando la existencia de una presunta asociación ilícita dentro del establecimiento. La causa apunta a un mecanismo sistemático de cobros ilegales que habría operado durante años y afectado a numerosos internos y sus familias.
La investigación sostiene que Guzmán se apoyaba en tres abogados y dos particulares que actuaban como intermediarios para ejecutar los pagos exigidos a cambio de beneficios dentro de la cárcel. Cada miembro de la red habría tenido un rol específico para asegurar que la maniobra funcionara sin inconvenientes ni filtraciones hacia autoridades superiores. El entramado también alcanzaba otros penales donde Guzmán se desempeñó, como la UCA y Cruz del Eje, ampliando su alcance dentro del sistema.
Entre los delitos imputados a Guzmán se incluyen asociación ilícita, extorsión a internos, privación ilegítima de la libertad y tenencia ilegal de armas de fuego. Se lo acusa de permitir la formación de un “cogobierno” dentro de Bouwer, que daba poder a los líderes de pabellón para gestionar actividades ilícitas con total impunidad. La causa destaca que los favores otorgados a cambio de dinero o bienes incluían permisos, informes favorables y progresos en las fases de los internos.
Cárcel de Bouwer
Gestores y valijeros
Oscar Salas, ex empleado del Ministerio de Seguridad, era señalado como “valijero” encargado de recolectar pagos y transmitir directivas de Guzmán a internos y familiares. Según la investigación, ejecutaba órdenes específicas del ex jefe penitenciario y promovía la imagen de Guzmán como benefactor para quienes accedieran a sus pagos. Aldo Florencio Campos, otro particular detenido, también actuaba como intermediario, ofreciendo beneficios a presos y coordinando con los abogados involucrados para gestionar clientes.
Salas y Campos operaban como nexo central de la asociación, asegurando que los recursos recaudados llegaran a Guzmán sin inconvenientes. La Justicia afirma que ambas figuras tenían tareas convergentes que resultaban esenciales para el funcionamiento de la maniobra. La participación de los intermediarios permitía extender el alcance de Guzmán hacia internos y familiares de manera organizada y sistemática.
Los abogados Alfredo Ciocca, Julio César Páez y Gustavo Murgaintegran la presunta asociación y gestionaban trámites y cobros de Guzmán. Ciocca intervenía en certificados de avance de internos y devoluciones de pagos fallidos, mientras Páez coordinaba directamente con el exjefe penitenciario para determinar montos y asignación de recursos. Murga está acusado de conductas similares, aunque su actividad específica no ha sido detallada en la instrucción judicial.
Servicio Penitenciario de Córdoba
Villa María y células externas
En Villa María operaba una célula aparte que incluía a los tres máximos jefes del penal local, siete reclusos y once particulares que actuaban desde afuera para realizar estafas telefónicas. Los jefes detenidos percibían dinero para permitir el uso de teléfonos y liberaban zonas del establecimiento para que los internos cometieran delitos sin ser molestados. Este mecanismo indica la existencia de dos asociaciones ilícitas simultáneas, una de funcionarios y otra de internos que hacían estafas.
Los procedimientos policiales revelaron que los funcionarios cobraban entre 300 mil y 500 mil pesos por “peaje” y autorizaban actividades delictivas, incluyendo fraudes telefónicos, con completa libertad dentro del penal. La investigación indica que Guzmán coordinaba las operaciones desde Bouwer y los intermediarios administraban los cobros y entregaban los beneficios a los destinatarios. La causa judicial continúa su curso, con el juicio previsto como la primera instancia para establecer responsabilidades y sanciones.
