La Universidad Nacional de Córdoba emitió un dictamen lapidario contra la ex decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Mariela Parisi, al detectar serias anomalías en su gestión. El documento de la Unidad de Auditoría Interna detalló nueve puntos críticos sobre gastos, contrataciones y compras realizadas sin apego a la normativa vigente. La investigación fue remitida al rector Jhon Boretto y abre la puerta a posibles acciones judiciales por la gravedad de las observaciones.
Entre las irregularidades más resonantes se encuentra la contratación de su esposo, César Barraco Mármol, para un ciclo de extensión sin título habilitante. El informe señala que se incumplió lo dispuesto por la legislación universitaria en materia de requisitos académicos y administrativos. Además, se advierten gastos injustificados y viajes que no contaron con la autorización del Consejo Superior de la institución.
El dictamen también cuestiona compras de equipos y pasajes adquiridos a un docente cercano a la gestión, por montos millonarios y sin licitación alguna. Se apunta al reintegro de consumos personales, como compras de supermercado, cenas y combustible, muchos facturados durante fines de semana. La auditoría remarcó que “en determinados gastos no se cumplimentaron las disposiciones legales vigentes”, dejando expuesta la precariedad administrativa.
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC
Denuncias y maniobras detectadas
La denuncia que acompaña el informe fue presentada por Lucas Gonzalo Valdés, opositor en la facultad, representado por los abogados José D’Antona y Camila Cornú. Allí se sostiene que existió “un presunto esquema de aprovechamiento de la función pública para beneficio personal y de terceros cercanos a la decana”. Según los querellantes, el rol de Parisi como decana y miembro del directorio de los SRT le permitió favorecer a familiares y aliados.
En esa línea, remarcaron que mientras se producían despidos en los SRT, el programa radial de Barraco Mármol era expandido con recursos oficiales. También indicaron que la ex decana “contrató a su propia hija como pasante rentada para trabajar en dicho programa”, un hecho que revela nepotismo flagrante. A esto se suma la autoasignación de horas cátedra para cumplir requisitos y la manipulación de concursos en favor de sectores aliados.
Los denunciantes advierten que las maniobras podrían configurar delitos de “peculado”, “defraudación contra la administración pública” y “abuso de autoridad”. La querella pidió que se procese a Parisi en virtud de la abundante prueba documental recabada en resoluciones y registros de la UNC. En paralelo, la Fiscalía Federal a cargo de Enrique Senestrari aún no definió si promoverá acción o imputación, aunque evalúa el alcance del informe.
El fiscal Enrique Senestrari recibió el informe de auditoría y podría tomar una decisión en las próximas horas
Descargos de Parisi ante la UNC
La ex decana respondió al dictamen asegurando que las observaciones son “de forma” y no constituyen malversación alguna de recursos públicos. En sus descargos, argumentó que algunas compras se hicieron con fondos personales por razones de urgencia, lo que explicaría la informalidad de los comprobantes. Sobre la contratación de Barraco Mármol, replicó que al tratarse de un curso de extensión no era indispensable contar con título habilitante.
Respecto de los viajes cuestionados, alegó que las demoras en la tramitación administrativa justificaron la falta de autorización previa del Consejo Superior. Frente a los gastos en taxis sin planilla, admitió que se instrumentaban registros para los dependientes, pero no en su caso particular. También reconoció la omisión de documentación en resoluciones, aunque planteó que las medidas correctivas ya estaban en curso antes del informe.
Sin embargo, los señalamientos de la auditoría no dejan margen de duda sobre la opacidad con que se manejaron los recursos de la facultad. El caso evidencia un uso discrecional de fondos públicos y la vulneración de las normas universitarias básicas. Situaciones como estas confirman lo que sostiene el presidente Javier Milei: resulta indispensable auditar a fondo a todas las universidades para evitar estos abusos.
