La Fiscalía Penal Económica N° 1 de Córdoba imputó a Christian Flavio D’Alessandro, titular del Grupo Fam y socio del Grupo Fono Bus, por presunto vaciamiento de empresa. La medida alcanza también a su esposa Gabriela Serra y al contador Marcelo Daniel Pucheta, tras una denuncia presentada por Gianfranco y Fabiola D’Alessandro, copropietarios de Fono Bus. Los tres fueron citados a comparecer conforme al artículo 174 inciso 6° del Código Penal, que prevé hasta seis años de prisión.
La fiscalía reunió pruebas que indicarían una serie de maniobras financieras y administrativas con impacto directo en la operatividad y patrimonio de Fono Bus. La causa es llevada adelante por el fiscal Matías Bornancini, quien valoró una investigación inicial con múltiples elementos aportados por los denunciantes. La figura central es el vaciamiento empresario, aplicado cuando se desvían fondos o se afecta la operatividad en favor de terceros.
El exgerente y actual imputado habría concretado operaciones con fondos de la empresa en beneficio de una firma paralela y en competencia. La acusación también abarca movimientos de personal, retiro de vehículos y uso de cuentas bancarias sin autorización societaria. Los denunciantes remarcan que el accionar afectó directamente la viabilidad de Fono Bus, operadora del servicio interurbano de pasajeros.
Los denunciantes remarcan que el accionar afectó directamente la viabilidad de Fono Bus
Acusan desmanejos financieros y uso indebido de fondos
La denuncia se presentó en febrero de 2025, tras meses de tensiones internas en la sociedad. Se enumeran conductas que habrían perjudicado a Fono Bus, como la omisión de convocar reuniones, pagos no justificados y ventas sin registrar. Uno de los hechos destacados es el retiro de USD 32.500 desde una cuenta de la empresa el 27 de noviembre de 2024.
Ese mismo día, D’Alessandro y su esposa adquirieron las acciones de “El Quebrachal SRL”, utilizada luego como base operativa del Grupo Fam. La acusación plantea que esa compra se habría realizado con fondos de Fono Bus, sin autorización del directorio. Según los denunciantes, se trató de una maniobra para consolidar una nueva empresa en competencia directa.
Además, se menciona la venta de vehículos sin rendición contable y la negativa a abonar compromisos básicos como insumos y pagos a proveedores. Todo esto habría debilitado las operaciones cotidianas de Fono Bus. Desde entonces, las partes mantienen una disputa societaria que derivó en acciones judiciales.
D’Alessandro y su esposa adquirieron las acciones de “El Quebrachal SRL
El conflicto coincide con cambios en el transporte urbano
El contexto también abarca el rediseño del sistema de transporte urbano impulsado por los gobiernos municipal y provincial. Según consta en el expediente, el Grupo Fam logró acceder a corredores antes operados por otras empresas, consolidando su posición en el servicio urbano. Desde marzo de este año, forma parte del sistema público de pasajeros en Córdoba.
Los denunciantes sostienen que D’Alessandro buscó debilitar a Fono Bus durante este proceso, transfiriendo personal clave a la nueva firma. También indican que retuvo dos unidades vehiculares que luego fueron secuestradas por orden judicial. A finales de 2024, habría informado al gremio Aoita que no pagaría el aguinaldo, lo que generó tensiones internas.
Las decisiones empresariales habrían tenido impacto directo en la operatividad del servicio interurbano. La fiscalía vincula estos hechos con un plan más amplio orientado a redireccionar recursos hacia la nueva estructura empresarial. En ese marco, se investiga si existió una administración fraudulenta con fines competitivos.
Grupo Fam logró acceder a corredores antes operados por otras empresas
El contador también quedó involucrado en la causa
Marcelo Pucheta, contador de la firma hasta entonces, dejó Fono Bus para sumarse al Grupo Fam. En su antigua oficina se hallaron documentos que respaldarían la operación de traspaso de “El Quebrachal SRL” a manos de los ahora imputados. Entre ellos, se incluyen copias de acuerdos de transferencia de cuotas sociales.
La fiscalía considera que estos elementos fortalecen la hipótesis de una maniobra deliberada de vaciamiento. Además del uso de fondos, se habría buscado consolidar un emprendimiento en competencia sin la debida autorización legal. La documentación será clave para definir responsabilidades y próximas medidas procesales.
Por otro lado, los denunciantes insisten en que se violaron disposiciones de la Ley de Sociedades, especialmente en lo referido a competencia desleal. La permanencia de D’Alessandro como socio activa nuevas instancias legales. “No es un conflicto familiar sino estrictamente societario”, expresó el abogado Pedro Despouy.
A finales de 2024, D’Alessandro habría informado al gremio Aoita que no pagaría el aguinaldo
Señalan incumplimientos legales en la conducción societaria
La denuncia destaca que varias decisiones se habrían tomado sin la debida aprobación del directorio. Entre ellas, se menciona la participación en una empresa competidora y la omisión de información clave a los socios. Estas acciones podrían violar normas previstas en la Ley de Sociedades Comerciales, como las contempladas en sus artículos 157, 272, 273 y 274.
Se cuestiona que D’Alessandro habría continuado operando en nombre del grupo pese a su remoción como administrador. Esto agrava la situación jurídica, ya que seguiría siendo socio sin desvincularse formalmente. Además, se le atribuyen responsabilidades que comprometerían la salud financiera de Fono Bus.
El abogado de los denunciantes evalúa ampliar la presentación inicial ante nuevas pruebas que podrían surgir. Consideran que hubo una estrategia planificada para debilitar la sociedad en beneficio propio. La fiscalía analiza ahora si se configura una figura penal contemplada para casos de administración desleal o fraudulenta.
Desde el entorno de D’Alessandro sostienen que no hubo maniobras ilícitas ni uso indebido de fondos de la empresa. Señalan que la adquisición de El Quebrachal SRL fue una operación privada, desvinculada de Fono Bus, y que los movimientos cuestionados responden a desacuerdos comerciales, no a delitos.
