El insólito episodio ocurrido en un telo de Córdoba sigue sumando capítulos en los Tribunales provinciales. La pareja que fue víctima del operativo policial presentó una denuncia formal por maltrato, golpes y amenazas. Según su relato, los agentes irrumpieron violentamente en la habitación sin una orden judicial válida ni pruebas que justificaran la intervención.
El hecho se produjo en el motel “Rutas”, donde los uniformados ingresaron tras una confusión originada por un llamado del personal del lugar. Un empleado creyó escuchar la palabra “pistola” y alertó sobre una supuesta toma de rehenes, lo que derivó en un despliegue desproporcionado de fuerzas. Horas más tarde se comprobó que se trataba de un error y que los ocupantes no tenían vínculo alguno con un robo denunciado en Argüello.
El operativo fue tan llamativo que alcanzó repercusión nacional y motivó la intervención de la Justicia cordobesa. La denuncia, patrocinada por los abogados Cristian Ambrosio y María de los Ángeles Oviedo, exige esclarecer cómo se montó semejante procedimiento policial. También cuestionan el accionar de los jefes policiales y las declaraciones iniciales que hablaron de un “atrincheramiento” inexistente.
Operativo policial montado en el hotel "Rutas"
Reclamo por responsabilidades políticas y judiciales
El fiscal Ernesto de Aragón recibió inicialmente la causa, pero se apartó al considerar que correspondía a otra jurisdicción. El expediente fue derivado a la fiscalía de Distrito 3 Turno 5, a cargo de Patricia García Ramírez, aunque todavía no se definió si mantendrá la competencia. En paralelo, los denunciantes solicitaron que se cite a declarar al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al jefe de Policía que estuvo presente durante el operativo.
“Con el avance de la investigación se lo debe citar al ministro y al jefe policial para que expliquen qué motivó semejante despliegue”, señaló Ambrosio. Afirmó que bastaba con revisar las cámaras del motel para confirmar que sus clientes habían ingresado de madrugada y no habían salido. Esa simple constatación, dijo, habría evitado el uso de la fuerza y el maltrato sufrido por la pareja.
Los letrados también plantearon dudas sobre la legalidad del procedimiento, ya que no se habría ordenado el allanamiento de las habitaciones. Según remarcaron, la única disposición formal se emitió después, para requisar el vehículo de los denunciantes. Además, denunciaron que la pareja permaneció detenida durante cuatro horas en la unidad judicial pese a no existir pruebas en su contra.
