El triple crimen de Florencio Varela, uno de los episodios más atroces del año, pasó de estar en boca de todos los dirigentes kirchneristas y feministas a quedar prácticamente borrado del debate público en cuestión de días. Lo que comenzó como un escándalo nacional, terminó silenciado cuando salieron a la luz los vínculos entre los principales responsables del crimen y dirigentes del kirchnerismo bonaerense.
El hallazgo de los cuerpos mutilados de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez reveló la existencia de una red criminal que combinaba narcotráfico, sindicalismo y protección política. Las jóvenes habían sido secuestradas el 19 de septiembre y asesinadas en una vivienda de Villa Vatteone, en Florencio Varela. Los investigadores descubrieron que el lugar había sido alquilado por la madre de Magalí Celeste Guerrero, una de las detenidas, funcionaria del gobierno de Axel Kicillof.

La casa del horror pertenecía nada menos que a Silvia Almazán, secretaria adjunta de Suteba y mano derecha del sindicalista kirchnerista Roberto Baradel. Este dato, revelado por el periodista Luis Gasulla en el programa de Luis Majul, marcó un antes y un después en el tratamiento mediático del caso. Desde entonces, la cobertura de los grandes medios y las declaraciones por parte de kirchneristas cayeron abruptamente: los mismos canales y portales que habían llenado horas de programación con el crimen dejaron de mencionarlo cuando el hilo conducía al corazón del aparato político-sindical del kirchnerismo.









