La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) solicitó un incremento presupuestal de más de 600 millones de dólares al final del quinquenio, equivalente al 4% del Producto Bruto Interno, para financiar el asistencialismo y la imposición profunda de la agenda progresista de derechos.
Atendiendo la infraestructura
El Proyecto de Presupuesto para 2025-2029 presentado por la ANEP evidencia muy bien la paradoja en la que vive la izquierda: solicita más recursos públicos para, en teoría, beneficiar a quienes, en la práctica, perjudica con mayor presión tributaria.
La ANEP establece otorgar un bono anual de $2.500 por estudiante (art. 6) a las familias, a partir de 2026. Su implementación demandará casi 1.000 millones de pesos anuales, que los hogares uruguayos financiarán sin percibir un beneficio real del bono escolar. Para el próximo año también ampliarán la cobertura de alimentación hacia la educación media básica con un importe de $590.000.000 anuales.
Educación inclusiva y justicia curricular
A pesar de que la educación en Uruguay es de acceso público, el plan educativo para este periodo se centrará en la “eliminación de barreras” para que poblaciones vulnerables, minorías étnicas, migrantes y población LGBTIQ+ accedan al sistema educativo.
En ese sentido, priorizará la «superación de las inequidades de los aprendizajes y de la desigual distribución de saberes», la modificación de los «regímenes académicos que refuerzan la reproducción de desigualdades», la «humanización del trato y atención a la vulneración de derechos», así como el desarrollo de la Memoria «en perspectiva de diversidad e interculturalidad».
Con el objetivo de fortalecer los «acompañamientos pedagógicos y socioeducativos» de los estudiantes, apelarán a la contratación de numerosos equipos multidisciplinarios, destinando una partida de $68.178.400 para 2026, ascendiendo a $885.850.668 en 2029, según el Artículo 18.
