El directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) aprobó la compra de 4.404 hectáreas en Florida por US$ 32.5 millones, con votos exclusivamente oficialistas. El precio pagado fue de US$ 7.383 por hectárea, casi el doble del valor de mercado de 2023 según datos del MGAP.
Un precio que desafía la lógica del mercado
El valor promedio nacional por hectárea fue de US$ 3.783 en 2023, y en Florida, US$ 4.102. El INC pagó casi el doble que el promedio local y nacional, lo que representa un claro sobreprecio.
Las tierras con índice Coneat 60–80 se vendieron a US$ 3.167 por hectárea, pero el INC pagó más del doble. Expertos consideran este precio completamente injustificable.
La compra fue anunciada por Alejandro Sánchez durante el cortejo fúnebre de José Mujica. La ausencia de votos opositores y el contexto simbólico refuerzan las sospechas de motivaciones políticas.
Fratti y el finado ex guerrillero y asesino Mujica
La operación se realizó en un acto de fuerte carga electoral. Un productor local declaró que “no resiste el menor análisis económico” y que representa un “despropósito” con el dinero público.
Falta de transparencia y cuestionamientos
No se presentaron estudios técnicos ni tasaciones públicas que justifiquen el precio. La falta de apoyo opositor aumenta las dudas sobre la legitimidad del proceso.
Sede del Instituto Nacional de Colonización
El gasto de US$ 32.5 millones compromete seriamente el presupuesto del INC. Analistas sostienen que con ese dinero se podría haber beneficiado a muchas más familias rurales.
El INC sostiene que la compra es un avance en redistribución de tierras, pero los verdaderos beneficiados podrían ser los vendedores. No se conoce la identidad de los anteriores propietarios, lo que genera especulaciones sobre conflictos de interés.
Un precedente preocupante
El INC ha sido criticado en el pasado por operaciones opacas y politizadas. En este caso, el sobreprecio y el contexto político lo convierten en un episodio paradigmático con posibles efectos sobre la credibilidad del organismo.
El gobierno presenta la compra como un homenaje a los trabajadores rurales, pero los hechos apuntan a un uso irresponsable de recursos públicos. Los ciudadanos merecen explicaciones claras sobre esta operación que parece beneficiar a unos pocos mientras el país enfrenta dificultades crecientes.
Nota del editor: este artículo se basa en datos oficiales del MGAP-DIEA y fuentes del INC reportadas por El País. Invitamos a las autoridades del INC a brindar su versión de los hechos y a transparentar los detalles de la operación para esclarecer las dudas de la opinión pública.
