Acorralado por denuncias de corrupción contra su mujer y en medio de una crisis política con una alianza de gobierno con partidos separatistas que se cae a pedazos, el mandatario socialista asegura que piensa en renunciar.

El presidente socialista Pedro Sánchez hizo una jugada que puso en jaque a la política española. Luego de haber convalidado su mandato en las últimas elecciones, aunque con una alianza muy polémica con los partidos separatistas, nadie pensaba que el mandatario estaría a un paso de renunciar unos meses después.

A través de una “Carta a la ciudadanía”, esta semana Sánchez denunció que su mujer y él están siendo "acosado" por la "ultraderecha" y que por eso, cerraría su agenda y se tomaría cinco días de franco para pensar si renunciaría o no a la presidencia.

Si bien la elección de esta forma de comunicación ya era algo sin precedentes para un presidente del país, no menos insólito resultaba el contenido de la misiva. En la misma, Sánchez denuncia una supuesta “operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire”, perpetrada por “una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad de España”, cuya culminación ha sido la apertura de una investigación judicial contra su mujer, Begoña Gómez, “para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios”. 

Delitos que Sánchez niega en rotundo calificándolos de “falsedades” e “informaciones espurias”. Ante esta situación, declara estar “profundamente enamorado de mi mujer” y se pregunta: “¿merece la pena todo esto?”.

A continuación sentencia: “Necesito parar y reflexionar (…) si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor. (…) El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión”. Este lunes, tan solo en unas horas, se espera una definición del mandatario socialista.

¿De qué se acusa a la mujer de Sánchez?

El acoso que Sánchez acusa contra su mujer, no es un tema menor, ya que se trata de uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos tiempos. La organización “Manos Limpias” ha registrado la denuncia a Begoña Gómez acusando a la mujer del presidente de dos supuestos delitos: tráfico de influencias y corrupción privada.

Tal y como relata la denuncia, al mismo tiempo que el holding turístico Globalia se comprometió a pagar 40.000 euros al año a la institución África Center, de la cual Begoña era directora, así como 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para ella y su equipo, el Consejo de Ministros presidido por su marido aprobó el desembolso de 475 millones de euros para rescatar a Air Europa, una aerolínea propiedad de la corporación.

En la denuncia se explica que estos compromisos de pagos quedaron saldados luego de una reunión entre Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, y la propia Begoña Gómez, en su calidad de Primera Dama.

La persona que hizo de enlace entre Hidalgo y Gómez fue el empresario Carlos Barrabés, quien poco tiempo antes había creado el “Máster de Transformación Social Competitiva”, cuya dirección de cátedra fue otorgada precisamente a la señora Gómez, a pesar de no ser ni siquiera licenciada ni poseer titulación homologada al respecto.

Siguiendo el hilo de casualidades, en julio de 2020, en plena pandemia, el organismo UTE, propiedad de Barrabés, obtuvo una millonaria concesión de una entidad del Estado pese a que su oferta en el concurso público lanzado por la entidad no era la más económica.

Concretamente, el organismo UTE “ganó” el concurso por apenas unas centésimas por encima del siguiente competidor, gracias a una calificación de 10 obtenida en el apartado “Valoración subjetiva” del concurso, apartado que suponía el 40% de la nota y cuya defensa se basó precisamente en una carta de recomendación escrita por la mujer del presidente español, Begoña Gómez.

Reacciones a la carta de Sánchez

Desde la oposición, el partido VOX considera esta carta como un mero acto de “victimización” e invitaron a Sánchez a dimitir. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado a Sánchez de ofrecer “dosis de narcisismo impropias de una persona madura”, pero no comentó sobre si le gustaría que renuncie o no.

Mientras tanto, la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, cargó contra la carta “infame” de Sánchez acusándole de escaquearse para buscar “impunidad”. Irónicamente, en los últimos meses tanto Sánchez como la vicepresidente Irene Montero han acusado varias veces de corrupción  públicamente y en el Congreso de los Diputados tanto a la mujer de Feijoo como al hermano de Ayuso, acusaciones que poco después han sido totalmente desmontadas por las investigaciones.

Paralelamente, la prensa internacional se ha hecho eco de la carta de Sánchez de manera tan rotunda como unánime en su interpretación. Desde el New York Times a The Guardian, pasando por Financial Times a Corriere dellla Sera, todos coinciden en poner el foco en la investigación por corrupción a su mujer como detonante de su posible dimisión.

La policía reveló que la semana pasada, una mujer judía había sido secuestrada, violada y amenazada de muerte por un árabe que decía estar buscando “vengar a Palestina”.

El domingo, la policía de Francia arrestó a un inmigrante árabe de 32 años, cuyo nombre aún no se ha hecho público, en la comuna de Gennevilliers, en los suburbios del noroeste de París, bajo sospecha de secuestro, violación y "amenazas de muerte debido a la religión" de una mujer judía, según informó Le Parisien.

Según los informes, la mujer había conocido al hombre una semana antes de que supuestamente ocurriera el incidente. Después de ir a su casa, el hombre supuestamente se negó a dejarla salir y le robó el teléfono celular.

Según fuentes policiales, el hombre envió un mensaje a la madre de la presunta víctima diciéndole: “Buena suerte, no volverás a encontrar a tu hija, no la volverás a ver, prostituiré a tu hija”.

Sin embargo, no fue hasta otro mensaje que envió el violador árabe donde quedó clara la situación, y las razones políticas del hecho. En un mensaje separado enviado al ex novio de la mujer, dijo que se había llevado a la mujer judía y la mataría para “vengar a Palestina”.

Finalmente, la mujer recuperó su teléfono, pudo escaparse momentáneamente y llamó a la policía. La unidad de élite de la Brigada de Investigación e Intervención (BRI) pudo geolocalizar su llamada y finalmente liberó a la mujer del apartamento en una redada.

El criminal de Medio Oriente fue arrestado y comparecerá ante un tribunal el 21 de junio cuando será procesado por uso de estupefacientes y por “amenazas de muerte materializadas por escrito debido a la religión”.

Tras los ataques terroristas de Hamás contra Israel el 7 de octubre, Francia y otras naciones europeas con grandes poblaciones musulmanas vieron un fuerte aumento de los incidentes antisemitas.

El Consejo de Instituciones Judías en Francia (CRIF) dijo en marzo que en 2023 hubo 1.676 incidentes antisemitas (de los cuales, el 60% involucraron violencia física) en comparación con 436 el año anterior, una suba interanual récord de 185%.

El mes pasado, Francia también elevó su nivel de advertencia de amenaza terrorista a su nivel de alerta más alto, tras el ataque islamista contra una sala de conciertos de Moscú que dejó 143 muertos.

Nuevamente se observaron de primera mano los resultados desastrosos de la regulación de los alquileres, esta vez en la experiencia catalana. El valor real de los alquileres se incrementó casi un 5% desde la vigencia de las normativas regulatorias.

El gobierno socialista-independentista de Cataluña lanzó un masivo programa estatal para tratar de controlar arbitrariamente el precio de los alquileres en la región. Así como en Argentina, el gobierno comunitario lanzó una Ley de Alquileres que dispuso la regulación total de los contratos entre inquilinos y propietarios.

Nuevamente como en Argentina, las regulaciones no cumplieron su cometido y no ofrecieron ningún tipo de alivio a los ciudadanos para acceder a una vivienda más asequible, más bien ocurrió lo contrario.

El primer experimento regulatorio de Cataluña se lanzó en septiembre de 2020, en plena pandemia, con la llamada “Ley Autonómica de Alquileres”. Dicha legislación se mantuvo casi sin cambios hasta abril de 2022. Durante este período, la oferta de viviendas cayó un 35,5%, y el valor real de los alquileres más baratos y accesibles se disparó un 12,7%, el doble que la inflación para esa misma etapa. Los datos fueron computados por un estudio del Centro de Política Económica de España (ESEADE) en base a los dos años de evidencia empírica de la regulación.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, salió expulsado del gobierno en 2021, y tomó el control Pere Aragonès, quien a pesar de ser más moderado en cuestiones económicas, demostró no haber aprendido absolutamente nada del fracaso regulando los alquileres, y volvió a lanzar una nueva ofensiva de controles a partir de marzo de este año.

Se dictó un estricto control sobre 140 municipios en toda Cataluña, y más tarde la cantidad de localidades alcanzadas se extendió a un total de 241, abarcando territorios que representan hasta el 90% de la población catalana.

Los primeros resultados de la nueva normativa regulatoria son tan deplorables como los que cosechó la primera ley de alquileres de 2020. La oferta de viviendas respondió rápidamente con una reducción del 13% según estimaciones de la compañía inmobiliaria Idealista.

“Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”, confirmó la firma inmobiliaria.

En la Ciudad de Girona la caída de la cantidad de viviendas disponibles para un alquiler cayó un 21%, en Tarragona la reducción fue del 16%, y en Barcelona se desplomó no menos de un 14%.

Sin excepción, todas las localidades afectadas por las regulaciones experimentaron fuertes caídas en la oferta disponible de inmuebles, tal y como anticiparon la mayoría de los agentes del mercado inmobiliario, y del mismo modo en que ocurrió durante el periodo 2020-2022. El Gobierno cometió dos veces el mismo error estrafalario, por motivo de un cinismo ideológico.

Dada una demanda relativamente estable (como la que de hecho se observa), la fuerte caída de la oferta de inmuebles empujó los precios hacia arriba en términos reales. Los alquileres aumentaron un 4,6% por encima de la inflación en Barcelona desde el pasado mes de marzo, siendo esta una de las regiones más afectadas por la aplicación efectiva de los controles.

El aumento real promedio de los alquileres en toda Cataluña fue del 4% en solo un mes, y el panorama luce sombrío conforme el Gobierno se niegue a torcer el rumbo económico para permitir una mayor libertad de negociación entre las partes.