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Opinión

El Pase Sanitario es inconstitucional en Argentina: la voz de un experto

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El Dr. Elías N. Badalassi explica las distintas razones por las que el Pase Sanitario obligatorio es un mamarracho pseudo-legal, que viola la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal.

Argentina tomó el cuestionable camino de la discriminación sanitaria para enfrentar las nuevas olas de coronavirus. Tanto los gobiernos provinciales como el Gobierno nacional están reglamentando la obligación de presentar un certificado de vacunación completa para ir a restaurantes, bares, cines, teatros, gimnasios y otros comercios cerrados.

En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof estableció desde el pasado 21 de diciembre el “Pase Sanitario obligatorio”, mediante una resolución de firma conjunta entre el Ministro de Salud de la Provincia y el Jefe de Gabinete bonaerense.

Desde esta semana, es necesario contar con el “Pase Libre” en la app MiArgentina o, a partir del 6 de enero, en la app CuidAR, para poder participar de: actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados; así como la realización de trámites ante organismos públicos, etc.

Haciendo un análisis legal de esta resolución provincial, debe decirse que la vacunación obligatoria resulta ser una medida temeraria.

Recordando que la experimentación en humanos para el beneficio de la medicina moderna se ha realizado bajo ciertos parámetros bioéticos a lo largo de los años, el instaurar un régimen de vacunación forzada, respecto de una serie de vacunas que todavía se encuentran en FASE 3 (es decir, etapa experimental), es muy peligroso.

Hacer esto, no mediante el Congreso, donde nuestros representantes podrían defendernos de este atropello, sino desde una Resolución de firma conjunta (legalmente es menos que un decreto), decanta en ser un mamarracho pseudo-legal, propio de un gobierno que no tiene problemas en torcer la ley.

Ahora bien, es menester recordar una serie de normas tanto locales como internacionales, que se encuentran vulneradas mediante la implementación del pase, esperando que las acciones ya iniciadas y por iniciar, como amparos y objeciones de conciencia, tomen su rumbo debido.

La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco (2005) ya ha dicho que: “Toda intervención médica preventiva (…) sólo habrá de llevarse a cabo previo CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO…”.

Además, la Declaración de Helsinki de 1964 (enmendada por la Asociación Médica Mundial en 1975, 1983 y 1989) nos aclara que: “En toda investigación en personas (…) Debe informarse a cada persona que son libres de no participar en el estudio y de revocar en todo momento su consentimiento”.

Siguiendo con la reglamentación médica a nivel internacional, el Código de Nüremberg (1947) dice que: “Se requiere plena capacidad legal y estar en una situación que permita la plena libertad de elección, sin impedimento alguno de fuerza, fraude, engaño, intimidación, promesa o cualquier otra forma de coacción o amenaza…”.

Cabe recordar que desde la reforma constitucional de 1994, todos los acuerdos internacionales suscritos por las dos terceras partes del Congreso tienen carácter constitucional en el territorio argentino.

Argentina instaurará pase sanitario para actividades de riesgo  epidemiológico - 13/12/2021 - EL PAÍS Uruguay

Analizando lo que las leyes argentinas dicen al respecto, se recuerda que, además del amparo judicial (muy cuestionado por la justicia parcial que tenemos), existe la posibilidad de realizar una formal objeción de conciencia para no ser inoculados en contra de su voluntad, integridad, dignidad, y fe.

Esto encuentra su fundamento en los derechos constitucionalmente reconocidos de libertad religiosa, de pensamiento, de trabajo y de no discriminación. Asimismo, el derecho a la objeción de conciencia se encuentra iluminado por el reconocimiento explícito del derecho a la libertad de culto, del derecho a la privacidad y del derecho a la igualdad, y por el reconocimiento implícito de los derechos a la libertad de pensamiento y a la libertad de conciencia, los cuales se desprenden, entre otros, de los arts. 14 y 33 de la Constitución Nacional (CN).

Es menester recordar a esta altura que según nuestra CN, en su art. 19, “…Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe". Por lo que, de no pasar por el Congreso esta cuestión, no alcanza con que el Gobernador quiera imponer esto por decreto o resolución ministerial conjunta, ya que la misma, es a todas luces inconstitucional.

Asimismo, según los arts. 28 y 29 de la CN, las garantías constitucionales no podrán ser alteradas por las leyes que reglamenten su ejercicio, y el art. 33 de la CN dice que aquellas declaraciones, derechos y/o garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Por lo que, toda afectación a la soberanía del pueblo, es inconstitucional, esté escrita o no.

En adición, debemos decir que según el art. 51 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

Por ello, el art. 52 dice que la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos (objeción de conciencia, amparos, y denuncias penales).

Asimismo en atención a que las vacunas se encuentran en Fase 3, y cuentan con una aprobación de emergencia por las agencias estatales de control, el art. 56 del CCCN indica que: “Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres…”.

Lo que nos lleva a ver que el art. 59 del CCCN dispone que: “Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado…”.

El Gobierno busca que el pase sanitario esté en funcionamiento para el  verano - Diario El Sol. Mendoza, Argentina.

Por último, se recuerda que según el Código Penal (CP), el art. 149 bis. dice que: “…Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

También el art. 248 del CP dice que: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Por consiguiente, se aclara que no tendría nada de malo que una persona -por su propia voluntad- decida inocularse, pero jamás sería aceptable que se obligue a aquellos que han decidido no vacunarse, a hacerlo, bajo pena de nulidad absoluta dentro de los parámetros de la ley de nuestro país, ya que la autonomía de la voluntad es un derecho humano inalienable.

Es inconstitucional negar la entrada a lugares públicos, negar la libre circulación, el libre comercio, el acceso a la salud, la educación. Todos estos son actos propios de un régimen no democrático, contrario a nuestra forma de gobierno, y por lo tanto inconstitucional.

Argentina

Marcha universitaria: La crónica de una sociedad transigente y cómplice, que deja que la política tome sus banderas

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La manifestación del martes pasado expuso la compleja trama que permanece en la sociedad sobre la naturaleza y la necesidad de una educación superior que sea pública como herramienta de movilidad social.

El pasado martes 23 de abril se llevó a cabo en Argentina una marcha en “defensa de la educación pública”. Entre las pancartas de los manifestantes se pudo apreciar consignas tales como “Educación libre y gratuita”, “La universidad es de todos”, o “La educación es la base de la movilidad social”.

Lo más probable y siendo justo con muchos de los que marcharon, es que las mencionadas consignas hayan sido levantadas con las mejores intenciones, tal vez movilizadas por una sentido de pertenencia, agradecimiento para con la universidad pública o bien por una cuestión de pensamiento filosófico.

Sin embargo, un amplio espectro de quienes vemos este reclamo desde una óptica diferente, percibimos que hubo otra gran parte de manifestantes cuya única intención era la de defender sus intereses económicos y personales, que no necesariamente se correspondían con el funcionamiento o la existencia de la educación pública.

Ejemplo de ello lo podemos encontrar con la presencia de agrupaciones sindicales enemistadas con el Gobierno, agrupaciones políticas opositoras y hasta ex ministros de economía que ajustaron el presupuesto de las defendidas universidades en años anteriores, incluso, ajuste de mayores dimensiones que el que se reclama actualmente.

Soy graduado de una universidad pública, tuve excelentes docentes, y la volvería a elegir, pero jamás diría que mí paso por la educación pública fue "gratuita", ya que la pagué con mis impuestos, todavía la sigo pagando y y pagaré la de próximos alumnos.

Es por eso que, analizando la temática de las “consignas levantadas”, he descubierto que Argentina es un país donde la mayor parte de sus habitantes “romantiza la épica” por encima de la razón y, por sobre todo, ignora los hechos concretos que la realidad impone.

Sospecho que es por ignorancia o simplemente como menciono en el título de esta nota, por una arraigada, crónica y cómplice transigencia hacia un sistema que nos devora como seres libres y racionales.

¿Es necesario acaso analizar si la “educación pública gratuita” es un herramienta de “movilidad social ascendente” cuando estamos sumidos en la más profunda decadencia económica, moral, cultural y con niveles de pobreza como no se veían en décadas?

Con esto no quiero decir que la educación no sea importante, solo digo que existen otras herramientas para la prosperidad de una sociedad, especialmente en tiempos de crisis, donde no se piensa en la movilidad de una generación a otra, sino en salir de la pobreza ahora mismo a través del trabajo.

Vale aclarar también que la universidad no es “de todos”, ni mucho menos es “gratuita”. Para ilustrar esta situación basta con mirar cuántas personas estudian una carrera, qué porcentaje de la sociedad. Si bien todos los argentinos contribuyen al funcionamiento de las unversidades públicas, en un año aproximadamente entre 3 y 5% de la población estudia una carrera universitaria.

Habría que preguntarle al otro 95% de la población, quienes “no consumen” la universidad pública (por los motivos que fuere) si piensan que la universidad “es de ellos” y si están contentos pagando impuestos de forma directa (por ejemplo, Ganancias o Bienes Personales) o por vía indirecta (IVA, impuesto a los combustibles, o ingresos brutos), para financiarla.

Es decir, una parte de la sociedad paga la cuenta que no consume en favor de quienes sí la consumen. Además, como nota de color, la educación pública se paga de por vida ya que una vez producida la graduación y hasta tanto no se produzca la derogación de los impuestos que la financian, los egresados pagarán la cuenta hasta el fin de sus días. Esto es una gran diferencia con una universidad privada cuya financiación es limitada en el tiempo.

En libertad, sin un conjunto de burócratas estatales defendiendo la diatriba mentirosa de que la educación es “un derecho universal” con la única finalidad de aumentar el poder de dominación sobre una sociedad, las universidades privadas podrían ofrecer múltiples alternativas de financiación de contenidos educativos para aquellas personas que no puedan acceder a ella.

Brevemente, cito algunos ejemplos: becas que cubran la totalidad o parte de la carrera; convenios multi empresas que permitan a los trabajadores obtener beneficios para educar a sus hijos en diversas instituciones; convenios entre bancos y clientes para financiar las cuotas, como ocurre en Estados Unidos; o empresas que cubran la educación de “potenciales talentos” como ocurre en Europa.

Un mercado actuando en verdadera libertad, sin ningún tipo de intervención estatal, es capaz de lograr una amplia inclusión de las personas que por cuestiones económicas no pueden acceder a la educación universitaria. Y si hay intervenciones del Estado, que estén dirigidas a estos grupos, como ocurre con los vouchers que se entregan a las personas de bajos recursos, terminando con la falacia de la universalidad.

Sin lugar a dudas, la marcha del martes sirvió para ilustrar que muchos conciudadanos viven en una nebulosa levantando consignas de la década del ’40, tales como que “el hijo del obrero puede educarse”, cuando en plena era del internet, la inteligencia artificial, la globalización y la tecnificación, el acceso a la educación se hizo mucho mas accesible y diverso haciendo que una cuota universitaria obligatoria, tenga cada vez menor validez.

Tampoco pueden ver que la pobreza crónica de Argentina tiene que ver con la matriz de intervencionismo estatal salvaje a la que estuvo sometida durante décadas y que el problema es el Estado y no los “empresarios codiciosos”.

Si la mayor parte de la sociedad pudiera darse cuenta que el mensaje de fondo no es “educación gratuita para todos” sino más bien “ustedes son tan inútiles e incapaces de poder autofinanciarse la educación que por ello van a necesitar que nosotros, los políticos iluminados y seres superiores a ustedes, se lo tengamos que conceder”.

Dentro de este “paquete de mentiras” también se nos habló de educación en términos que solo ellos (los burócratas del Estado y sus cómplices morales) pueden hablar o mencionar. Cómo si esta fuera una especie de contenido indisoluble, de valor y significado único y que solo quienes la defienden tienen el “derecho moral” de dictaminar que debe ser un “contenido educativo” y que no.

La Educación no se limita en los contenidos obligatorios impuestos por un Ministerio, sino que también es provista a través de las diversas vivencias y/o contextos sociales de cada individuo. Un viaje, una película, una función de cine o teatro, un deporte, la cultura familiar, un oficio, comercio, profesión, entre tantos otros, pueden ser grandes fuentes de educación a lo que no necesariamente toda la población puede acceder en la misma forma y cantidad.

La educación no es monopolio del Estado, sino más bien un patrimonio difuso y divisible de la subjetividad de cada individuo y su contexto. Nos han mentido, nos han empobrecido, nos han dominado y, por si fuera poco. nos dicen que sin ellos “seremos brutos”.

Mí obligación ética y moral no se debe al levantamiento hueco y pasivo de consignas transigentes que solo contribuyen a mantener viva esta dominación estatal, sino más bien a la intransigencia de la razón liderada por las ideas correctas.

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Argentina

Es hora de que Elon Musk ponga una Gigafactory de Tesla en el Norte de Argentina

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Todas las condiciones están dadas para que el hombre más rico del mundo, que ya está mirando a la Argentina con Starlink, piense en invertir con su otra empresa: Tesla.

El triunfo de Javier Milei, las características de los recursos argentinos y el aspecto socio-económico del país indican que ha llegado una situación muy favorable para que Tesla, la mega-compañía de autos eléctricos de Elon Musk, abra una fábrica (conocidas como Gigafactory) en Argentina.

El presente análisis, tiene como objetivo abordar los aspectos más relevantes de esta pregunta, y romper con una serie de mitos sobre el litio, el daño ambiental y la economía argentina. Permítame presentarme: soy Félix, un profesional con cinco años de experiencia en el sector de las Energías Renovables.

He trabajado en proyectos de escala eléctrica en Chile y proyectos de generación distribuida en Argentina. Mi función involucra la gestión de proyectos y la supervisión de asuntos relacionados con los impactos ambientales. Además, soy licenciado en Gestión Ambiental.

Análisis Ambiental Preliminar

Cercanía al litio y amplios recursos eólicos y solares.

Argentina es un país rico en recursos naturales y tiene amplio territorio disponible para nuevos proyectos. Desde el punto de vista eléctrico, particularmente en Energías Renovables, el país posee condiciones óptimas para el desarrollo del sector.

El territorio argentino tiene un potencial significativo para el desarrollo de la Energía Solar, particularmente en las regiones andina y subandina, desde Jujuy hasta Neuquén. La Puna y la Quebrada de Humahuaca también exhiben niveles sustanciales de radiación, con una irradiancia horizontal global (GHI), que oscila entre 2400 y 2700 kWh/m2.

Además, Argentina es un participante notable en la energía eólica, ubicándose entre los seis primeros países con patrones eólicos consistentes, con un factor de capacidad promedio anual del 20%. En consecuencia, una potencial Gigafactory en el país podría utilizar y suministrar fácilmente energía limpia a todo el complejo. Además, existe potencial para establecer un Parque Solar para generar energía para el sistema eléctrico argentino.

En el ámbito del desarrollo de baterías eléctricas, el recurso más importante es el litio, del cual Argentina ocupa el segundo puesto con reservas mundiales con 98 millones de toneladas de carbonato de litio (LCE). Aún con una severa subinversión, es el cuarto productor a nivel mundial, después de Australia, Chile y China, con una capacidad de producción anual de 37.500 toneladas. El triángulo del litio -formado por Argentina, Bolivia y Chile- posee alrededor del 65% de los recursos mundiales de litio.

Esto no sólo ha atraído la atención de las empresas mundiales de vehículos eléctricos, sino que también ha estimulado las inversiones en Argentina. Ejemplos notables incluyen el Grupo Chery, que planea construir una planta en el país para producir vehículos eléctricos y baterías de litio.

Asimismo, Stellantis, producto de la fusión de FCA (Fiat-Chrysler) y PSA (Peugeot-Citroën), anunció una inversión de 90 millones de dólares para adquirir una participación del 19,9% en la empresa argentina Lithium & Energy (ALE). Este movimiento estratégico tiene como objetivo asegurar un suministro anual de 15.000 toneladas de litio, facilitando su uso en baterías de vehículos eléctricos.

Establecer una Gigafactory cerca de una de las reservas de litio más grandes del mundo podría generar algunos de los costos de producción más bajos para vehículos eléctricos a nivel mundial, especialmente considerando los abundantes recursos solares en la región.

Además, la proximidad de Argentina a la Cordillera de los Andes contribuye a tener uno de los sectores mineros más ricos del mundo. Entre los recursos minerales del país destacan nitratos, yodo, sal común, sales de litio y potasio, boratos, áridos, arcillas, calizas, yeso, cuarzo, barita, caolín, feldespato, talco, diatomita, bentonita, dolomita, guano, apatita, zeolitas y perlita.

También es fundamental resaltar que el precio del litio alcanza consistentemente máximos históricos año tras año. Así, Tesla no sólo podría establecer su Gigafactory en Argentina, sino también involucrarse en el sector minero para reducir los costos de producción.

  • 2022: US$ 78.032
  • 2021: US$ 17.000
  • 2020: US$ 6.800
  • 2019: US$ 11.310
  • 2018: US$ 14.660
  • 2017: US$ 12.070
  • 2016: US$ 8.840
  • 2015: US$ 5.110
  • 2014: US$ 4.680
  • 2013: US$ 4.750
  • 2012: US$ 4.450

El triángulo del litio

Habiendo trabajado personalmente en el desarrollo de proyectos en Chile y Argentina y habiendo discutido permisos ambientales con colegas, puedo dar fe de que obtener la aprobación para la construcción no es tan burocrático como en algunos países vecinos, como en Chile.

La evaluación de impacto ambiental y el desarrollo del proyecto podrían procesarse en un período relativamente corto para iniciar el proyecto. Se requerirán estudios ambientales con consultores locales según sea necesario tanto para el proyecto minero como para la Gigafactory, pero la perspectiva es muy positiva.

En conclusión, creo que Argentina está estratégicamente posicionada por su cercanía a recursos, lo que la convierte en uno de los países donde los costos de construcción de vehículos eléctricos son más económicos de la región. Los recursos solares podrían generar energía para la minería, la Gigafactory, y el excedente de energía podría venderse a la red.

La proximidad de la Gigafactory a su fuente de litio podría reducir significativamente los costos de litio de Tesla para la producción de vehículos, mejorando la eficiencia en comparación con la competencia. Además, la disponibilidad de diversos recursos en la región andina y la facilidad para obtener permisos de construcción hacen que Argentina sea ambientalmente ideal para tales emprendimientos.

Aspecto Social Preliminar

Históricamente, Argentina fue uno de los países más innovadores de la región durante tiempos de mayor libertad económica. A continuación se detallan algunos de los inventos más importantes creados por argentinos, que demuestran la capacidad y talento para el trabajo en nuestro país:

1. Amortiguador hidroneumático (Francisco Abolio, 1930).

2. Bolígrafo.

3. Bypass coronario de René Favaloro.

4. Sistema de autobuses públicos (Colectivo).

5. Corazón artificial (Domingo Liotta y Denton Cooley, 1969).

6. Método Galli Mainini para el diagnóstico precoz del embarazo.

7. Dibujos animados.

8. Encendedor piezoeléctrico Magiclick de Hugo Kogan (1969).

9. Helicóptero de Pescara.

10. Identificación dactilar de Vucetich.

11. Instrumentos médicos de Favaloro, Finochietto y otros.

12. Instrumento de navegación nocturna para aeronaves (Almonacid, 1925).

13. Jeringa desechable (Carlos Arcuzzi, 1979).

14. Marcapasos cardíaco (Francisco de Pedro, 1979).

15. Membrana de colágeno curativa (Celia Mohadeb, 1999).

16. Método de conservación de sangre con citrato de sodio por Agote.

17. Motor de combustión interna "Péndulo" (Eduardo Taurozzi, 1970).

El talento argentino en innovación y persistencia siempre se ha destacado en el tiempo. Lamentablemente, los problemas económicos y las excesivas regulaciones han reducido la capacidad de innovación, pero las capacidades de los argentinos siguen siendo evidentes, demostrando dedicación en todos sus emprendimientos.

A medida que Argentina comience a crecer económicamente, podemos esperar ver mentes brillantes brillar una vez más en nuestro país. A pesar de soportar años de desafíos económicos, muchos argentinos han brillado tanto en el país como globalmente por sus capacidades, y muchos otros aún tienen que demostrar su potencial.

Pero lo más importante, el desarrollo de la Gigafactory generará oportunidades de empleo de alta calidad en la zona, ya que será necesario emplear una gran parte del personal utilizando mano de obra local, además de ingenieros, geólogos, y expertos que conozcan la zona. Esto también tendrá un impacto positivo en los servicios de la zona, como alojamiento, sanidad, luz, ya que deberán ser desarrollados como apoyo a la mega-fábrica.

Respecto a la locación, la región norte del país cuenta con extensos terrenos, minimizando la posibilidad de impactar negativamente las actividades sociales. Las comunidades indígenas más conflictivas se encuentran en en el Sur del país. Optar por el desarrollo en la región Norte, donde la Gigafactory y las actividades mineras se consideran óptimas, minimiza la probabilidad de encontrar problemas con las comunidades locales.

Debajo se adjunta una imagen que muestra la distribución geográfica de las comunidades indígenas en Argentina, para dar sustento a los puntos previamente mencionados:

Aspecto Económico Preliminar

Sin duda, uno de los factores más cruciales a destacar es la situación económica de Argentina. El país ha experimentado intervenciones gubernamentales prolongadas, interfiriendo con el sector privado y provocando un empobrecimiento cada vez mayor debido a la falta de inversión y generación de riqueza.

Las medidas de justicia social, destinadas a redistribuir la riqueza de los productores a los pobres, han demostrado conseguir el efecto inverso en Argentina, lo que ha resultado en que el 50% de la población viva en la pobreza, con 6 de cada 10 niños enfrentando inseguridad alimentaria.

Estas políticas sociales no sólo no han logrado beneficiar a la sociedad como se esperaba, sino que también han impactado negativamente al sector privado. Hace pocas semanas, Javier Milei, el primer economista libertario en asumir la Presidencia, señaló un posible cambio en el futuro de Argentina con reformas liberales.

Aquí hay una breve descripción de las reformas económicas propuestas por Milei

1. Reforma monetaria: La adopción del dólar estadounidense como moneda oficial significa un cambio monumental en el panorama económico de Argentina. Al vincular la moneda a un estándar reconocido mundialmente, Milei pretende infundir confianza a los inversores, mitigar las preocupaciones sobre las fluctuaciones monetarias y fomentar un entorno financiero más estable.

2. Reducción de la intervención gubernamental: La propuesta de Milei de minimizar las funciones del Estado se alinea con los principios económicos liberales. Esto incluye simplificar los procesos regulatorios, reducir los obstáculos burocráticos y crear una atmósfera más favorable a los negocios para las corporaciones extranjeras.

3. Impacto potencial en las inversiones extranjeras: Si se implementan efectivamente, estas políticas económicas propuestas pueden atraer a inversionistas extranjeros que buscan estabilidad y oportunidades de crecimiento. El énfasis en soluciones impulsadas por el mercado y la reducción de la interferencia gubernamental podrían posicionar a Argentina como un destino atractivo para empresas, como Tesla, que buscan expandir sus operaciones.

4. Desregulación de la economía: A solo una semana de la presidencia de Milei, se están realizando esfuerzos para implementar importantes reformas de desregulación económica. Se han eliminado numerosos ministerios redundantes y se han derogado más de 300 leyes que perjudicaban a la economía.

Si bien invertir en Argentina todavía puede plantear riesgos, con el ambicioso plan de Javier Milei y el rápido inicio de reformas, podríamos estar ante el surgimiento de una nueva potencia económica en la región. Ser uno de los primeros socios del gobierno en un período tan transformador podría ser una medida estratégicamente inteligente, que podría generar beneficios y oportunidades sustanciales para quienes participan.

Conclusión

La sinergia potencial de factores sociales, ambientales y económicos en Argentina crea una narrativa convincente para que Tesla explore el establecimiento de una Gigafactory y una operación minera en el Norte argentino.

Si bien los desafíos persisten, la perspectiva de alinearse con un panorama político y económico cambiante, aprovechar recursos abundantes y contribuir al desarrollo sostenible posiciona a Argentina como una frontera prometedora para la expansión estratégica de Tesla.

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Argentina

El dilema del orden público en la Capital: ¿Es hora de volver a darle el control a la Policía Federal?

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El fallido operativo de la Policía de la Ciudad para acatar el Protocolo Antipiquetes en la marcha de este 20 de diciembre vuelve a poner en tela de juicio la necesidad de que la Policía Federal intervenga en la dispersión de manifestantes que atacan el microcentro porteño.

En ocasión de la primera marcha piquetera de protesta contra el gobierno del Presidente Javier Milei, resulta de mucha utilidad repasar algunos conceptos fundantes que hacen a la siempre conflictuada noción de “orden público” en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina.

No es sorpresivo que el accionar piquetero tienda a concentrarse en la Capital. Después de todo, el objetivo final de las organizaciones que marchan es condicionar al poder político a fin de obtener privilegios y beneficios para las supuestas situaciones de vulnerabilidad que revistan. Párrafo aparte merecería el destino de los fondos que mensualmente perciben de parte de los organismos del Estado Nacional, pero dejando de lado ese detalle es que nos remitimos a la cotidianidad de los trabajadores que deben transitar por las zonas afectadas por las marchas piqueteras.

En la Ciudad de Buenos Aires circulan más de diez millones de personas por día por motivos laborales. Gran parte de esta cifra, se ve obligada a transitar por el llamado “microcentro”, zona geográfica predilecta para el desarrollo de actividades económicas, y por eso también, la favorita para los piqueteros.

Durante más de veinte años la sociedad se ha acostumbrado al sometimiento que las organizaciones sociales ejercen sobre el pueblo trabajador: desde cambiar el recorrido diario, llegar más tarde al trabajo o inclusive la suspensión de la jornada laboral en días de marcha, son solo algunas de las cientos de consecuencias que las movilizaciones producen.

Sin embargo, y pese a la ilegalidad manifiesta del accionar piquetero, el poder político no había abordado la tortuosa temática por un mismo motivo que fue denominador común sin importar el color partidario del gobernante de turno: la corrección política.

Este miércoles, finalmente, el flamante Presidente Milei decidió que era hora de cortar con los intentos extorsivos. En el marco de un operativo de seguridad sin precedentes, la Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal blindaron las calles aledañas a Plaza de Mayo, no sin previamente cerciorarse de disponer delegaciones tácticas en estaciones de tren, accesos automotores, peajes y en localidades del Gran Buenos Aires donde se desactivaron células piqueteras durante toda la noche.

El operativo de seguridad tenía como objeto impedir que los piqueteros cortasen la circulación en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires y por ende permitir a todos los ciudadanos ejercer su derecho a la libertad de movimiento.

Sí bien los lineamientos generales del plan fueron ampliamente cumplidos generando un “antes y un después” en la manera que el Gobierno Federal aborda la temática de los cortes piqueteros, corresponde hacer una desafortunada observación: el limitado accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el afán de estar a la altura de las circunstancias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ordenó un operativo paralelo presuntamente coordinado con el Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad fue el escenario donde montó su Cuartel General el Ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff quien, desde tempranas horas de la mañana se encontraba en comunicación con Patricia Bullrich.

Durante los momentos previos al apogeo de la marcha alrededor de las 16:00 todo parecía marchar coordinadamente: las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad conducían ordenadamente a los manifestantes hacia Plaza de Mayo, mayoritariamente por la vereda.

Empero, al aumentar el grosor de las columnas, los manifestantes comenzaron a tensionar la situación. En primera instancia, actuó la Policía de la Ciudad en Diagonal Sur mientras su Jefe y Viceministro de Seguridad porteño, Diego Kravetz (quien se encontraba en el teatro de operaciones), alegaba que “no necesitaban del apoyo de las Fuerzas Federales”.

Tal fue así que cuando los manifestantes decidieron avanzar sobre la Policía capitalina, no encontraron mayor resistencia y las prolijas líneas de efectivos fueron fácilmente rebasadas con empujones e insultos mediante. Por este motivo, se ordenó a la Policía Federal hacerse cargo luego de que las columnas -que ya copaban el ancho completo de la Diagonal- pasaron la estatua ecuestre del General Julio A. Roca ubicada en la intersección con la calle Perú.

Una vez restablecido el orden y conducidas las poco nutridas columnas manifestantes a Plaza de Mayo por parte de las Fuerzas Federales, los medios de comunicación pudieron averiguar que el Viceministro Kravetz había dialogado con el líder piquetero Eduardo Belliboni, autorizándolo a avanzar sobre la totalidad del ancho de las calles, produciendo indefectiblemente el corte total.

Más allá del intento de connivencia de Kravetz con Belliboni -lo cual coloca en una muy poco confortable situación al gobierno de Jorge Macri- corresponde remitir a la cuestión neurálgica de estos problemas, que es la superposición de facultades entre las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad.

En 1995, un año después del otorgamiento de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires por parte de la reformada Constitución Nacional de 1994, el Congreso de la Nación sancionaba la popularmente denominada “Ley Cafiero”, o “Ley que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”.

Dicha pieza normativa impedía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a tener una policía propia puesto que disponía que la seguridad armada fuera garantizada por la Policía Federal en el territorio de CABA mientras esta sea la Capital de la República.

Tras largos debates y pujas de poder, el Congreso modificó la Ley Cafiero en 2007, mediante la Ley 26.288 para permitirle a CABA montar su propio cuerpo policial y establecer el marco de coexistencia con la Policía Federal.

Con la fundación de la Policía de la Ciudad en 2017 luego del traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, CABA obtuvo finalmente su tan deseado brazo armado. Sin embargo, la evidencia empírica arroja que en cuanto al mantenimiento del orden público se refiere, la Policía de la Ciudad tiene importantes oportunidades de mejoras respecto de lo que fue la gestión de la PFA.

El problema principal radica en que se trata de una policía heterogénea, dado que sus miembros provienen de diferentes fuerzas y nunca se logró el aseguramiento de un criterio único de tropa y formación.

En los tiempos que se avecinan, donde la resistencia anti-democrática al cambio que necesita nuestro país puede volverse cada vez más violenta, es indispensable contar con un criterio unificado a fines de hacer frente a las amenazas y asegurar la vigencia plena del orden público y del Estado de Derecho.

La Ciudad de Buenos Aires debe estar a la altura de las circunstancias o en su defecto, quizás la alternativa sea volver a modificar la Ley Cafiero a fines de aclarar que las operaciones de establecimiento del orden sean únicamente desarrolladas por el Estado Nacional y sus Fuerzas Federales siempre que el Gobierno Nacional sea el foco de la concentración.

Sea del modo que fuere, la Argentina entró en un cambio de época irreversible. Seremos testigos de cómo cada responsable institucional se adapta a las circunstancias.

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