Bajo el gobierno de Lacalle Pou en Uruguay, la pobreza infantil persiste sin soluciones contundentes, reflejando una falta de acción frente a las necesidades más básicas de la población.

El problema de la pobreza infantil no es nuevo en Uruguay, y golpea a todo el sistema político, desde el izquierdista Frente Amplio hasta el Partido Nacional, y mucho menos al Partido Colorado; ninguno ha encontrado caminos que logren al menos reducir esta gran dificultad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos de pobreza en Uruguay medida por nivel de ingreso, correspondientes al año 2023, donde se confirma que el número de personas, la pobreza alcanza al 10,1%, y entre niños, este número aumenta hasta el 22%.

Lo que sorprende es que estos números sean defendidos por el presidente Lacalle Pou en sus recientes declaraciones en la cena anual de la Fundación Libertad, donde quiso imponer su «liberalismo a la uruguaya«, donde el Estado «debe ser fuerte» para supuestamente «sacar a las personas de la pobreza«.

«La libertad no se puede gozar si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a la salud o no se estudia. Tenemos que tener un Estado fuerte para poder gozar de la libertad«, dijo insólitamente en su discurso.

Según el informe, el 50% de los niños que nacen lo hacen bajo la línea de pobreza; el 22% de los niños tienen necesidades básicas insatisfechas. Un dato lapidario que debiera no dejar dormir al gobierno de, que en lugar de ocuparse por resolver la terrible realidad que atraviesa su país, prefiere pasearse y hacer vedetismo y farándula en la Argentina y el mundo, imitando a su colega, José Mujica, que prefería el glamour de los medios internacionales a gobernar.

La pobreza en general sigue creciendo; el 10,4% actual ya supera los valores previos a la pandemia. La pobreza entre menores de 6 años es 11,6 veces mayor que la de los adultos mayores de 65, una disparidad que refleja una tendencia.

Uruguay es un país completamente estancado económicamente, con un estado con un peso gigantesco sobre la economía. En Uruguay, el Estado maneja los combustibles, la mayor parte de la electricidad, la mayor parte de la telefonía, la obra pública y privada, el mercado laboral, la educación, la salud. Uruguay es un país que no tiene nada de liberal en lo económico, y las consecuencias están a la vista: la economía no crece, solo un 0,4% en todo el año 2023, y las expectativas no mejoran.

Tan es así que en las escuelas públicas de Uruguay, donde según el Presidente uruguayo, el Estado se encuentra muy presente, los niños almuerzan ensaladas con una cantidad ínfima de vegetales y no los dejan repetir.

Lo que queda claro es que nadie se anima a hacer reformas que liberen la economía y permitan que ésta crezca en Uruguay. Simplemente eligen mantener el país como está, en pos de beneficiar a ciertos intereses corporativos, para beneficiar a la casta prebendaria Uruguaya.

No hay mucha vuelta que darle: el gobierno de Lacalle Pou eligió tomar una postura de respuesta y no de propuesta ante los problemas que atraviesa Uruguay. No propuso desregular el mercado laboral, desregular los combustibles o bajar el gasto público para reducir el peso del estado sobre la economía, nada de eso.

Simplemente eligió hacer la vista gorda ante los problemas y patear la pelota para adelante. En consecuencia de ello, quien lo suceda en el gobierno en el año entrante deberá afrontar estos problemas que el mandato de Lacalle ignoró. Pero el panorama es desolador, ningún actual precandidato propone medidas de este estilo, ni semejantes; todos buscan mantener el Estado gigante que caracteriza al Uruguay desde el año 1900.

La aprobación del aborto legal hace 12 años ya empezó a impactar severamente en la cantidad de nacimientos, y una generación después, las escuelas empiezan a vaciarse de niños.

En el año 2012 se aprobo la ley de aborto legal en Uruguay, lo que ha llevado, en tiempo récord, a un declive poblacional en el país oriental, que atraviesa desde 2016 la mayor caída de nacimientos de su historia.

Esta merma empieza a hacerse notar en los grados escolares, con la mayoría de los nacidos aquel 2016, ahora entrando a segundo grado de escuela, y revelando un preocupante colapso de la natalidad.

En total, unos 300.000 niños comenzaron las clases este mes en Uruguay, distribuidos en 2.300 escuelas de todo el país. Sin embargo, yendo a la comparativa, en las escuelas públicas las clases empiezan con 6.502 alumnos menos que el año anterior, unos 20.000 menos que hace un lustro y casi una generación entera menos que hace 15 años.

El caso más evidente —y curioso— es la generación de primer grado de escuela que inicia las clases este lunes: es 17% más chica que la generación de primero del año pasado, y se convierte en la generación más pequeña de ese grado desde que hay registros.

La última proyección que realizó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) del Ministerio de Educación, estima que, antes de que acabe la década en curso, la población en edad escolar se reducirá una la cuarta parte respecto a la observada a comienzos de la misma década.

Si bien es el factor principal, el aborto no es la única razón por la caída de natalidad. Hoy, Uruguay es uno de los países mas caros de América Latina y del mundo para tener hijos, culpa de las trabas gigantes a la importación que impone el Estado uruguayo y de los impuestos excesivos que tienen que pagar los comercios y la clase media, llevando a precios locales más altos que los internacionales, pero con sueldos peores. Todo esto afecta gravemente la situación demográfica.

Este impacto también afecta a la oferta. Al haber menos niños en Uruguay y menos ingresos a las escuelas, cada vez las maestras y profesores son menos requeridos. El problema de natalidad ahora se está convirtiendo en una crisis de desempleo para los trabajadores de la educación.

En rueda de prensa la semana pasada, la Directora de Primaria del Ministerio de Educación, Olga de las Heras, dijo que «hay maestros recién recibidos que todavía no han podido elegir cargo» y que en el caso de la carrera de Maestro de Primera Infancia (MPI) hay «mucha demanda, pero no hay tanta oferta para ubicarlos» y por eso hay docentes que aún no pueden trabajar.

El gobierno de Lacalle Pou contra las cuerdas por haber damnificado injustamente al hospital de la Comunidad Gallega, la Casa de Galicia, en dicho país, para beneficiar a otros hospitales privados.

Casa de Galicia fue una mutualista de asistencia médica uruguaya fundada en el año 1917 por un grupo de inmigrantes gallegos. El 23 de diciembre de 2021, después de 104 años de operaciones, la justicia decretó su cierre luego de que el exministro de Salud, Daniel Salinas, dejara sin recursos al hospital.

La decisión causó un enorme descontento entre los gallegos, tanto en España como en el resto del mundo, ya que se trataba de la mutualista gallega mas importante del mundo fuera de la Galicia Continental, con más de 40 mil socios y un siglo de operaciones. Atendía a 10.000 gallegos nacidos en Galicia y a hijos, nietos y familiares de los mismos.

En noviembre de 2022, el último presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, un hombre muy reconocido y respetado en la comunidad gallega, anunció que denunciaría al entonces ministro Salinas, por entender que el cierre de la mutualista fue una acción premeditada y organizada con la intención de beneficiar a otras instituciones de salud, particularmente al Círculo Católico y al Hospital Evangélico.

Desde La Derecha Diario, nos comunicamos con Alberto Iglesias, quien denuncia graves presiones de parte de varios actores de Torre Ejecutiva, especialmente de Daniel Salinas, de su subsecretario José Luis Satdjian y el entonces Secretario de Presidencia, mano derecha de Lacalle Pou y actual precandidato a presidente, Álvaro Delgado.

Iglesias, asumió la presidencia de Casa de Galicia en el mes de octubre del año 2018, a pedido del Presidente de la Comunidad Gallega en ese entonces, y actual Presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijoo.

Al asumir con la responsabilidad de ejercer el mando de la mutualista, Iglesias solicitó a Feijoo que envíe auditores desde Galicia, para que dejen constancia del estado en el cual se encontraba la Casa de Galicia. Iglesias estaba seguro al momento de asumir que le habían dejado las cuentas destruidas, pero que iba a poder salir adelante.

Los auditores españoles llegaron a fines de enero de 2019, y después de su investigación, hicieron 200 recomendaciones, que la mutualista, con Iglesias al mando, cumplió casi en su totalidad para el mes de octubre de 2021. En ese momento, Iglesias volvió a solicitar una nueva auditoria, esta vez para que se constaten todos los elementos e indicadores en los cuales la mutualista mejoró bajo su gestión.

Un tiempo antes, el 24 de abril del año 2021, el Banco Santander aprobó un crédito de una gran importancia, de 12 millones de dólares con 2 años de gracia y 10 años para pagar, para sanear la mutualista.

En agosto, concretamente el 26 de ese mes, Delgado citó a Iglesias a una conversación privada en Torre Ejecutiva, donde le pidió que consiga inversiones relacionadas a la pesca en Galicia. Concretamente, Delgado le pidió que lo ayude a hablar con Feijoo, en ese momento gobernador de la comunidad gallega, para conseguir inversores de la pesca, y a cambio, le prometio que le firmaría el fideicomiso para salvar Casa de Galicia.

En Uruguay, un banco no da linea de crédito a ninguna institución medica si no existe un fideicomiso firmado por el estado como garante, y esto suele ser una herramienta de negociación que los gobiernos usan para conseguir favores a cambio de la entrega de fondos.

Justo antes que Iglesias llamara a una nueva auditoría, en septiembre de 2021, en una llamada entre Feijoo y Lacalle para confirmar la inversión de las empresas pesqueras, Lacalle le habría pedido a Feijoo que suspenda la misión de auditores para Casa de Galicia, ya que hubiera revelado que la mutual era viable y podría contradecir la versión del Gobierno de que Casa de Galicia necesitaba de la ayuda estatal.

En paralelo a eso, veedores de Uruguay del Ministerio de Salud Pública, al mando por aquél entonces de Daniel Salinas, lanzaron una auditoria propia, distinta a la de los auditores españoles. Esos veedores fueron contratados por la Junta Nacional de Salud (JUNASA), y fueron solamente aprobados con los votos de miembros del Partido Nacional, evidentemente por orden directa de la Presidencia.

Esos veedores habrían recibido presiones del Dr. Gonzalez Machado, jerarca de la JUNASA, quien “alentó” a los veedores a cambiar el informe por ser “muy benevolente”. Sin embargo, declinaron en modificar el informe y lo mantuvieron.

Finalmente, el informe del gobierno llevó a que la mutual perdiera su nivel crediticio y sucumbiera ante las deudas. La quiebra llevó además a dejar a 1.000 trabajadores en la calle. Si bien el Congreso votó que el Estado se haga cargo de sus indemnizaciones, Lacalle Pou vetó por decreto la asistencia.

El gobierno de Lacalle Pou a través de sus máximas jerarquías en Salud y Economía perjudicó adrede a la mutualista Casa de Galicia, por motivos económicos y corporativos, con el fin de que se funda, y que se pueda ir a remate y comprarse barato, en este caso para beneficiar a otras mutualistas, como Circulo Católico que compró todos los bienes materiales de la Casa de Galicia.

En el caso del Hospital Evangélico, que absorbió 10.000 socios de la mutual gallega. El Ministro de Salud al frente de esa operación, Daniel Salinas, fue curiosamente médico del Circulo Católico.