Hasta las 14 semanas y en 10 días

Al igual que el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que obtuvo media sanción en Diputados en junio de 2018, el texto enviado por Fernández habla de "interrupción" en vez de "terminación", y asegura querer garantizar el "derecho" a acceder a la "interrupción voluntaria del embarazo", con el único requerimiento de la madre hasta la semana 14 inclusive. En el Artículo 4: "Las mujeres y otras personas con
identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo
hasta la semana CATORCE (14) inclusive, del proceso gestacional."

El texto escrito por Alberto Fernández y su equipo habla de "persona gestante" en vez de "mujer" o "madre", y asegura que se refiere a todas las "personas con identidades de género con capacidad de gestar", queriendo demostrar que la ley fue escrita por personas versadas en ideología de género.

El proyecto también busca englobar en la misma los dos causales que ya existen para el aborto legal en Argentina: “Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior [14 semanas], la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de TRECE (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida. b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.

Esta ley es incluso más laxa en la cantidad de tiempo en la que se debe realizar el aborto una vez solicitado. Mientras el texto presentado en 2018 establecía que la práctica debe hacerse en un plazo máximo de 5 días corridos desde el requerimiento, el nuevo texto dice que “el plazo máximo es de DIEZ (10) días corridos” desde que se lo solicita.

Objeción de Conciencia

En una de las cosas más polémicas de la ley votada en 2018, el antiguo proyecto no mencionaba la objeción de conciencia de los médicos a realizar el aborto, ya que se consideraba que si la IVE es un derecho, no puede objetarse y debe ser garantizada por el profesional de la salud, tanto en establecimientos públicos como privados. 

En el debate en el Congreso, se había logrado enmendar esta situación en Diputados, donde algunos legisladores pidieron la objeción de conciencia individual para votar a favor. Sin embargo, la ley que llegó al Senado y fue posteriormente rechazada, dejaba en claro la prohibición de “la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”. 

El proyecto de Alberto Fernández sí prevé la “objeción de conciencia” a nivel individual en el Artículo 10: “El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. A los fines del ejercicio de la misma, deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión. a) Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones. b) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica”. 

La objeción de conciencia institucional no queda explicitada en la ley para hospitales, clínicas y sanatorios del sector privado, aunque si lo menciona en el Artículo 11 para el sector público: "todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médicos –
asistenciales a las personas afiliadas o beneficiarias, independientemente de la figura jurídica que posean, deben

incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente ley en
todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda."

Inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO)

Con el objetivo de garantizar el "acceso igualitario" y el "cumplimiento efectivo" de cualquier mujer que se quiera hacer un aborto, la práctica quedará incluida en el Programa Médico Obligatorio. Cabe recordar que cuando una práctica no está en el PMO, la obra social o prepaga se puede negar a cubrirla.

La inclusión en el PMO estaba contemplada en la ley del 2018.

También está contemplado en el nuevo proyecto, lo que supone que todas las obras sociales, sistemas de salud y prepagas contempladas en las leyes N° 23.660, N° 23.661, N° 26.682, N° 1993/11, y N°

24.741, deberán garantizar la práctica de manera gratuita y obligatoria en todo el país.

Creación de Consejería Voluntaria

Como ocurre en Uruguay, se habló de hacer obligatorio un “período de reflexión” de cinco días antes de acceder al aborto, en vez de que se realice de inmediato, lo que puede causar que el embarazo de la mujer supere el límite legal de las 14 semanas.

En este sentido, el proyecto de 2018 establecía que, una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento debe garantizar información, atención integral previa y posterior que incluya un espacio de escucha y contención “a quienes lo requieran”. Por lo tanto, habla de asesorías voluntarias y marca que “en ningún caso podrán ser obligatorios ni condición para la realización de la práctica”. 

El texto que envió el presidente Fernández toma esta idea de Consejerías Voluntarias: dice que una vez realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento debe poner a disposición “información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios”, “atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso” y acompañamiento pero “estos servicios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica”.

Acceso a niñas y adolescentes 

El proyecto del 2018 establecía un laxo requerimiento de apoyo paternal para realizar el aborto, y le daba la potestad total incluso a niñas y adolescentes entre 13 y 18 años. Dicha ley leía: "Si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”. 

Este nuevo texto trabaja bajo la misma premisa que la del 2018: muchas veces los abusos sexuales intrafamiliares son cometidos por padres, padrastros u otros familiares, entonces la niña deberá ser acompañada por una persona que no necesariamente deba ser un padre hasta los 13 años, y entre los 13 y 16 años tendrán “autonomía progresiva”, por lo que se presume que tiene la aptitud y madurez para decidir por sí misma, y solo se requiere su consentimiento. Luego, se asume también que las adolescentes mayores de 16 años tienen plena capacidad para ejercer el aborto.

Despenalización 

Esta ley, al igual que la del 2018, cita el artículo 85 del Código Penal, que establece “reclusión o prisión de uno a cuatro años, para quien causare un aborto con consentimiento de la mujer”, y busca nulificarlo.

Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, entre 2012 y 2018 se registraron en todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos, y a pesar de que esta afirmación no tiene un sustento fáctico, más que algunos recortes de medios de izquierda, fue tomado como un fundamento por el Presidente para mandar esta nueva ley.

El proyecto que ya había tenido media sanción establecía que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional”. El proyecto presentado por Alberto Fernández dice exactamente lo mismo.

El texto completo de la ley: