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Aysa admite contaminación del agua en Buenos Aires pero culpa a la contaminación del Medio Ambiente

A menos de un año de que Malena Galmarini tome control de Aysa, el Gobierno admitió que el agua está saliendo turbia, con olor y mal sabor, pero culpó a la contaminación del Medio Ambiente y se presentó ante la Justicia como damnificada.

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Los reclamos y denuncias por el mal sabor, olor y color del agua potable en la Ciudad de Buenos Aires empezaron a principio de año, tan solo 5 o 6 meses luego del cambio de Gobierno. 

Puede resultar impensado que en tan poco tiempo se pueda llevar a cabo semejante desmanejo del agua en el país, pero hay un detalle que muchos olvidan: Alberto Fernández designó a Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa, al frente de AySA, quien tiene cero experiencia tanto en la gestión empresarial como en lo que respecta a los recursos hídricos.

La gran mayoría de las quejas se concentraron en Capital Federal, por parte de vecinos de San Isidro, Palermo, Belgrano y Caballito, aunque no se sabe a ciencia cierta la verdadera magnitud del número de reclamos que hicieron los usuarios. 

Estos barrios que se nutren del agua de la Planta San Martín, situada en la avenida Figueroa Alcorta al 8500, en Palermo, son los más afectados. En estas localidades viven aproximadamente 6 millones de personas y se teme un desmanejo de la planta.

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Luego de un importante número de quejas, la Unidad Fiscal Especializada en Medio Ambiente (Ufema) comenzó a investigar en septiembre si existe algún tipo de contaminación.

La Justicia porteña confirmó a la agencia NA que “la causa se inició el 7 de septiembre, con el número de expediente 498636 y en principio es por averiguación del artículo 57 de la Ley 24.051“. “Ese mismo día le dimos intervención al CIJ para que lleven a cabo tareas de individualización de los damnificados, a los efectos de poder establecer la magnitud de la afectación del servicio y principalmente proceder a la toma de muestras“, comentó una de las fuentes consultadas.

En tanto, voceros de AySA informaron a NA que “el agua de consumo no presenta toxicidad alguna“, y que la compañía realizó una denuncia la semana pasada ante la Unidad Fiscal de Medio Ambiente, en la que se presentó como damnificada.

Sin embargo, en su denuncia, Aysa reconoce que el cambio en el aroma y el sabor “comenzó a detectarse a partir del 21 de agosto y se fue repitiendo de manera intermitente con un nulo o bajo impacto en el olor del agua…

Además, en la denuncia, agregaron: “Desde las primeras horas del día viernes 4 se setiembre de 2020, se detectó un evento de fuerte olor en el agua cruda de ingreso a Planta San Martín, que si bien resulta apta el consumo humano, puede presentar un olor y sabor particular identificado con un descriptor tipo aceituna o aceite de oliva“.

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Según Aysa, los cambios en el color y el olor del agua se deben a vuelcos ilegales en algún río aguas arriba: “En cuanto a su origen, si bien no ha podido determinarse aún, teniendo en cuenta los muestreos realizados por Barco Laboratorio y por tierra en los distintos arroyos, podría inferirse que vendría del Río Reconquista, a través luego del Luján y su llegada a planta en el Río de la Plata“.

Y también sostiene que el cambio en las características del agua podría deberse a vuelcos no permitidos en cuerpos de agua superficial“.

Insólitamente, la empresa no explicó cómo solucionará el problema, y no aplicará rebajas en las boletas en tanto se considera a sí misma “damnificada en toda esta situación“, incluso sugiriendo que necesitan más dinero.

Malena Galmarini, la inexperta presidente de Aysa

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En los Hornos, la situación se tornó mas delicada, ya que cada vez hay más personas que denuncian casos de diarrea, vómitos y fiebre. 

En relación a esto, la Dirección de Defensa del Consumidor de la Comuna, tomó cartas en el asunto con la advertencia de denunciar formalmente ante la Justicia e hizo responsable al presidente y al director de ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.).

Por otro lado, el diputado provincial Diego Rovella, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para que la empresa explique por qué el agua potable no tiene las condiciones requeridas.

El legislador de Juntos por el Cambio, escuchó el reclamo de los vecinos de dicha zona y afirmó que la empresa se estaba haciendo la distraída. Además, comentó lo siguiente: “Enterados de que yo había presentado este proyecto los vecinos me hacen llegar un análisis del agua que ellos mismos habían encarado en el cual dice que lo que está saliendo de las canillas no es apto para consumo humano”. 

También le exigió a la Defensoría Ciudadana de La Plata que tome conocimiento sobre el tema y comience a tomar medidas para que los vecinos reciban el agua en buen estado.

Asimismo, el diputado de la oposición señaló que no es un tema menor y que están preocupados debido a que es la única compañía con la cual pueden contar en ese lugar. 

El diputado Diego Rovella

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Malena Galmarini ya había protagonizado una polémica, cuando contó en una entrevista televisiva que desde la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, le agregan más cloro al agua para evitar el contagio del Covid-19 “por las dudas, sin investigaciones que indiquen que la medida sea efectiva.

Con respecto a esto, muchos químicos y especialistas en el tema dieron la voz de alerta por los peligros de la ingesta excesiva de cloro.

Cabe resaltar, finalmente, que el agua que comercializa Aysa incumple aspectos básicos del Código Alimentario Argentino.

En su artículo 982, la normativa en cuestión establece: “Con las denominaciones de Agua potable de suministro público y Agua potable de uso domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para la salud.” 

Finalmente dice lo siguiente: “Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente.”

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Monzó y Lousteau complotan para sacar a Macri y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio

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El radical continúa tratando de romper a la UCR y el ex titular de Diputados almorzó con Larreta, a quien le planteó hacer una Mesa Nacional sin Macri ni Bullrich.

El diputado Emilio Monzó y el senador Martín Lousteau han estado dialogando con la idea de crear una mesa de “moderados” que reemplace la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y no incluya a los “halcones” como Mauricio Macri, Alfredo Cornejo o Patricia Bullrich.

Lousteau ya blanqueó esta disputa cuando lanzó la ruptura de la UCR en el Congreso, creando su propio espacio UCR-Evolución, que en Diputados le sacó 12 bancas a Mario Negri y en el Senado casi le saca 4 a Cornejo.

Por su parte, Monzó está tratando de hacer lo mismo con el PRO, y ya le logró sacar 4 diputados junto a la socialista Margarita Stolbizer con la creación de su propio espacio Encuentro Federal.

El ex titular de la Cámara de Diputados pasó a integrar recientemente la mesa chica de la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta para 2023, y en todos los encuentros es el que más aboga por despegarse de la imagen de Macri y Bullrich.

La idea de Monzó y Lousteau es crear una mesa nacional con Larreta, Diego Santilli, Rogelio Frigerio, María Eugenia Vidal, Facundo Manes, y Rodrigo De Loredo como principales referenes, y dejar a los Macri (Mauricio y Jorge), Pato Bullrich, los radicales del interior e incluso a Miguel Ángel Pichetto con una posición reducida o nula dentro del armado para 2023.

También tienen los ojos puestos en figuras como Fernando Iglesias o Waldo Wolff, a los que acusan de estar cortándose solos y preparando una candidatura para jefe de gobierno de CABA en 2023, que podría acompañar una lista nacional de figuras como Bullrich o Cornejo.

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Mar del Plata: El intendente de JxC interpuso un amparo para frenar la explotación petrolera offshore

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En una insólita decisión el intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro inició acciones judiciales para frenar la explotación petrolera en Mar del Plata

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (PRO), presentó un recurso de amparo para detener la exploración petrolera que se llevaría a cabo a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.

La medida generaría una lluvia de inversiones, traería empleo y permitiría expandir la oferta de combustibles en el país. Incluso el Gobierno kirchnerista, fanático del cuidado del medio ambiente, autorizó la explotación a fines del año pasado. Pero esta vez es el PRO poniendo palos en la rueda.

Las áreas de exploración off shore son  “CAN 100“, “CAN 108“, en la Cuenca Argentina Norte, ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y “CAN 114“, a 443 kilómetros, y fueron presentadas por Equinor en sociedad con YPF y Shell.

El pedido se fundamenta en que no se generaron las condiciones de acceso a información ambiental, se omitió la participación pública en asuntos ambientales y la resolución es susceptible de vulnerar el derecho al ambiente sano”, informó la Municipalidad a través de un comunicado.

El jefe de Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, dijo que esta maniobra se había anticipado ni bien se conoció la noticia el pasado 30 de diciembre y que ellos nunca se reunieron con funcionarios de la secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, ni fueron advertidos de la medida.

El intendente lo dijo desde el primer minuto, nosotros no fuimos consultados, nunca nos llegaron los estudios técnicos, nos enteramos directamente por el Boletín Oficial”, expresó Rabinovich.

Argentina habilita la explotación petrolera frente a las costas de Mar del  Plata y despierta el repudio de ambientalistas - RT

Preocupado por las posibles consecuencias negativas para General Pueyrredón, sostuvo: “Cualquier tipo de exploración petrolera sin los recaudos y estudios técnicos puede llegar a hacer daño ambiental”. Y enfatizó: “No están dados los informes técnicos”.

“Queremos la información necesaria para saber que esto se esté llevando adelante de forma apropiada. Por ahora pedimos que se frene hasta no tener la información correspondiente porque puede provocar un perjuicio”, detalló el funcionario.

Respecto a los informes que den prueba de la habilitación del sector para la exploración petrolera offshore, el intendente aseguró que el Gobierno no cuenta con los documentos necesarios. “Entendemos que la información no está, no la tienen, y por eso presentamos este recurso de amparo”, señaló.

En el texto, se detalló que Montenegro, “en su carácter de intendente y vecino”, tomó la decisión de presentar la acción de amparo “a efectos de que se declare la nulidad de la resolución número 436/2021 del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo local pidió como “medida cautelar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada por el artículo 2 de la resolución atacada hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del Municipio de General Pueyrredón”.

Además, Montenegro solicitó que “se suspenda todo acto autorizado por la Resolución 436/2021 hasta tanto se acredite el acabado cumplimiento de los requisitos previos que dicha Resolución ordenó para permitir la actividad solicitada por la empresa a cargo del proyecto”.

El 31 de diciembre, el intendente de General Pueyrredón ya había planteado su disconformidad con la medida. “Muchos de ustedes me eligieron, otros no. Lo que yo tengo claro es que mi mandato es pasajero, pero el daño que se puede generar en nuestra ciudad puede ser permanente y eso es lo que a mí me impone que esta semana vamos a realizar una presentación judicial para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad”, expresó Montenegro.

No fueron ni los ecologistas ni los militantes troskistas los que esta vez están cerca de frenar inversiones petroleras en Argentina, es el mismo PRO, que se quejó durante todo su mandato entre 2015 y 2019, los palos en la rueda que les metía la oposición para las inversiones extranjeras.

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Alberto Fernández decretó que los empleados públicos trabajen desde sus casas para ahorrar energía

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La medida se tomó desde este jueves y durará hasta el domingo para reducir la demanda eléctrica. Desde la Ciudad aseguraron que no acompañan la decisión: “No podemos decir que no vayan”.

Ante la ola de calor y los cortes masivos en el suministro eléctrico que se están registrando en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno tomó la drástica decisión de enviar a miles de empleados públicos a sus casas para reducir la demanda de energía. Además, pidió a las industrias que reduzcan el consumo.

Este viernes continuaron los cortes de luz, y Buenos Aires amaneció con 9.000 usuarios de Edenor sin suministro eléctrico en Capital Federal y el Gran Buenos Aires; y 100.000 clientes de Edesur en la misma condición. En la jornada previa, los cortes afectaron a 26.000 hogares.

Las altas temperaturas forzaron un consumo eléctrico récord, y el precarizado sistema eléctrico argentino, desfinanciado por casi 10 años de tarifas máximas, no aguantó. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas máximas que podrían volver a alcanzar los 40°C en las próximas jornadas.

En ese contexto, la decisión de enviar a los trabajadores a sus casas fue confirmada por el secretario de Energía, Darío Martínez, a través de mensajes en la red social Twitter.

Martínez dijo que la demanda récord de energía está siendo producida por el crecimiento sostenido de la Economía, en combinación con la “ola de calor histórica” que afecta a toda la Argentina.

La Ciudad de Buenos Aires se diferenció: “No podemos decir que no vayan”

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se diferenció del Gobierno nacional y aseguró que en la Ciudad los empleados de la administración pública tendrán que asistir a trabajar.

Larreta aseguró que tienen todo el personal abocado a trabajar al cuidado de la pandemia, en los centros de testeo y en los vacunatorios. “Tenemos toda la gente abocada a eso y es prioridad, no podemos decir que no vayan, estamos metidos en eso”, señaló.

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