Morales, por su parte, asegura que venció al gobierno en lo judicial y lo político. Atribuye su victoria a la verdad y no al poder estatal, además denunció intentos de atentar contra su vida. Dijo que recibió información de policías y militares, advirtió que cualquier atentado será responsabilidad del actual gobierno.
El Consejo de la Magistratura anunció una investigación contra la jueza Moreno, ella fue quien anuló la orden de captura contra Morales. El Tribunal Supremo de Justicia también expresó su rechazo y criticó que se permita a procesados por pedofilia evadir la justicia. La polémica pone bajo presión a todo el sistema judicial.
Desde las redes sociales la población criticó las declaraciones de Chávez, indicando que con las mismas el exprocurador del estado justifica las relaciones con menores. Las declaraciones evidentemente buscan respaldar las acciones de Morales y perpetuar la impunidad. Pidieron además al Ministerio Público abrir un proceso contra él.
La normativa boliviana no permite el consentimiento de menores en relaciones sexuales. Aunque la víctima no denuncie, el Estado puede actuar de oficio, porque los delitos contra la niñez no requieren acusación particular. El abogado Chávez omite esa base jurídica en su defensa, especialistas califican sus dichos como peligrosos y erróneos.
El caso Morales sigue generando tensiones políticas y sociales, su defensa jurídica mezcla argumentos legales con denuncias políticas. Mientras tanto, el proceso judicial continúa en Tarija. La opinión pública observa cómo la justicia maneja un caso tan sensible.
El discurso de Wilfredo Chávez no solo es éticamente reprobable, sino que evidencia una peligrosa normalización del abuso infantil bajo el amparo del poder político. Que un abogado con trayectoria institucional minimice delitos tan graves demuestra el deterioro moral de las autoridades del país. Más alarmante aún es la pasividad del sistema judicial, que frente a evidencias y órdenes vigentes, permite que un acusado eluda la justicia.
