Los fiscales que llevaron el caso denunciaron que la diputada del MAS había sido favorecida por el sistema judicial instrumentalizado por el régimen masista. Sostuvieron que, según testigos y pruebas recolectadas, Choque organizó los enfrentamientos en Montero y albergó a personas armadas en su domicilio antes de los hechos de violencia. De acuerdo con las declaraciones de cívicos de Montero, el grupo de delincuentes que contaba con la asesoría de miembros de las FARC, tenía un centro de operaciones en el barrio Cofadena.
En 2023, la Fiscalía determinó el sobreseimiento de la investigación en contra de Choque. Esta decisión desató protestas entre los familiares de las víctimas, quienes denunciaron falta de transparencia y favoritismo en el proceso judicial. Argumentaron que no fueron notificados adecuadamente y que el gobierno protegía a quienes provocaron muertes en el país.
Al respecto, Marcelo Terrazas hijo de una de las víctimas, expresó su indignación y aseguró que buscaría continuar con el proceso judicial para que se identifique a los responsables. Además, pidió al entonces fiscal departamental Roger Mariaca (hoy fiscal general de la nación) que revoque la resolución y se continúe con el juicio contra Deisy Choque y su coacusado Sergio Veizaga Arteaga.
El caso sigue generando división en la opinión pública. Mientras los seguidores del MAS en Montero defienden a Choque como una líder comprometida con el oscuro proceso de cambio, sus opositores consideran que su candidatura es una afrenta a la memoria de las víctimas y una muestra de impunidad en el sistema judicial.
La postulación de Deisy Choque es una muestra más de que la doctrina masista se encarga de premiar a aquellos nefastos personajes que están dispuestos a mancharse las manos con sangre por defender los oscuros intereses de su partido. Los asesinatos de los cívicos nunca fue esclarecido por la justicia servil al régimen, pero hoy Deisy Choque impunemente es nombrada precandidata.
