Aníbal Aguilar fue sentenciado a dos años de prisión en un juicio abreviado impulsado por el Ministerio Público. El gobierno de Luis Arce lo considera el ideólogo del falso golpe de Estado del 26 de junio de 2024.
La sentencia es por terrorismo y alzamiento armado en grado de complicidad. Sin embargo, debido a que la pena es menor, puede acogerse a una suspensión condicional. La Fiscalía no aclaró si continúa preso en San Pedro o si ya fue liberado.
Aguilar fue arrestado sin orden judicial un día después de la asonada militar liderada por el general Juan José Zúñiga. Tenía 71 años, padecía de cáncer y fue sacado de su casa por más de veinte policías frente a su familia.
Según su hijo, pasó casi un día incomunicado en celdas insalubres. Denuncian que fue presionado para aceptar el procedimiento abreviado. En un inicio su defensa rechazó esta salida judicial.
La familia de Aguilar sostiene que no existe prueba alguna que lo vincule con una conspiración. Solo se presentó una fotografía suya caminando cerca de la Casa Grande del Pueblo.
El ministro Edmundo Novillo lo acusó públicamente de ser el “estratega” del levantamiento. También fue presentado ante la prensa esposado, sin abogado y sin su consentimiento. Esto vulnera normas del debido proceso penal.
Aguilar trabajaba como asesor en el Ministerio de Defensa redactando discursos y evaluando estrategias institucionales. También era pastor evangélico y docente universitario.
Un chivo expiatorio del masismo
La Iglesia evangélica en Bolivia y en América Latina pidió su liberación inmediata. Consideran que su salud no le permite permanecer en prisión. Su hijo afirma que fue usado como “chivo expiatorio” para justificar un montaje político.
Organizaciones de derechos humanos como la AJDH han documentado múltiples irregularidades. Se revocó su detención domiciliaria sin pruebas nuevas ni argumentos sólidos.
Fue acusado sin evidencia de reuniones ni comunicaciones con militares. El fiscal Mejillones nunca explicó cómo se llegó a esa conclusión. La defensa denunció reuniones privadas entre jueces y funcionarios del Ejecutivo.
La AJDH advierte que el caso de Aguilar responde a una estrategia de control político. Su encarcelamiento pretendía reforzar el discurso del gobierno sobre un supuesto golpe.
La improvisación del general Zúñiga y la rápida reacción oficial alimentan sospechas. Varios analistas creen que se trató de una acción manipulada para ganar legitimidad. Incluso sectores del MAS cuestionaron la versión oficial.
El propio Zúñiga fue acusado y está preso, pero su motivación sigue sin esclarecerse. Algunos lo consideran también una pieza sacrificada del ajedrez político.
Hasta ahora, al menos cuatro personas han sido sentenciadas en juicios abreviados por este caso. Hay 22 más con acusación formal, incluido Zúñiga. Tres militares pidieron también el procedimiento abreviado y una pena de tres años.
Los delitos incluyen alzamiento armado y resoluciones contrarias a la Constitución. La Fiscalía retiró los cargos de magnicidio por falta de pruebas.
