Fue acusado sin evidencia de reuniones ni comunicaciones con militares. El fiscal Mejillones nunca explicó cómo se llegó a esa conclusión. La defensa denunció reuniones privadas entre jueces y funcionarios del Ejecutivo.
La AJDH advierte que el caso de Aguilar responde a una estrategia de control político. Su encarcelamiento pretendía reforzar el discurso del gobierno sobre un supuesto golpe.
La improvisación del general Zúñiga y la rápida reacción oficial alimentan sospechas. Varios analistas creen que se trató de una acción manipulada para ganar legitimidad. Incluso sectores del MAS cuestionaron la versión oficial.
El propio Zúñiga fue acusado y está preso, pero su motivación sigue sin esclarecerse. Algunos lo consideran también una pieza sacrificada del ajedrez político.
Hasta ahora, al menos cuatro personas han sido sentenciadas en juicios abreviados por este caso. Hay 22 más con acusación formal, incluido Zúñiga. Tres militares pidieron también el procedimiento abreviado y una pena de tres años.
Los delitos incluyen alzamiento armado y resoluciones contrarias a la Constitución. La Fiscalía retiró los cargos de magnicidio por falta de pruebas.
