Falso golpe de Estado: Justicia masista dictó dos años de cárcel para Aníbal Aguilar

Aníbal Aguilar fue sentenciado a dos años de prisión en un juicio abreviado impulsado por el Ministerio Público. El gobierno de Luis Arce lo considera el ideólogo del falso golpe de Estado del 26 de junio de 2024.

La sentencia es por terrorismo y alzamiento armado en grado de complicidad. Sin embargo, debido a que la pena es menor, puede acogerse a una suspensión condicional. La Fiscalía no aclaró si continúa preso en San Pedro o si ya fue liberado.

Aguilar fue arrestado sin orden judicial un día después de la asonada militar liderada por el general Juan José Zúñiga. Tenía 71 años, padecía de cáncer y fue sacado de su casa por más de veinte policías frente a su familia.

Según su hijo, pasó casi un día incomunicado en celdas insalubres. Denuncian que fue presionado para aceptar el procedimiento abreviado. En un inicio su defensa rechazó esta salida judicial.

La familia de Aguilar sostiene que  no existe prueba alguna que lo vincule con una conspiración. Solo se presentó una fotografía suya caminando cerca de la Casa Grande del Pueblo.

El ministro Edmundo Novillo lo acusó públicamente de ser el “estratega” del levantamiento. También fue presentado ante la prensa esposado, sin abogado y sin su consentimiento. Esto vulnera normas del debido proceso penal.

Aguilar trabajaba como  asesor en el Ministerio de Defensa redactando discursos y evaluando estrategias institucionales. También era pastor evangélico y docente universitario.

Un chivo expiatorio del masismo

La Iglesia evangélica en Bolivia y en América Latina pidió su liberación inmediata. Consideran que su salud no le permite permanecer en prisión. Su hijo afirma que fue usado como “chivo expiatorio” para justificar unmontaje político.

Organizaciones de derechos humanos como la AJDH han documentado múltiples irregularidades. Se revocó su detención domiciliaria sin pruebas nuevas ni argumentos sólidos.

Fue acusado sin evidencia de reuniones ni comunicaciones con militares. El fiscal Mejillones nunca explicó cómo se llegó a esa conclusión. La defensa denunció reuniones privadas entre jueces y funcionarios del Ejecutivo.

La AJDH advierte que el caso de Aguilar responde a una estrategia de control político. Su encarcelamiento pretendía reforzar el discurso del gobierno sobre un supuesto golpe.

La improvisación del general Zúñiga y la rápida reacción oficial alimentan sospechas. Varios analistas creen que se trató de una acción manipulada para ganar legitimidad. Incluso sectores del MAS cuestionaron la versión oficial.

El propio Zúñiga fue acusado y está preso, pero su motivación sigue sin esclarecerse. Algunos lo consideran también una pieza sacrificada del ajedrez político.

Hasta ahora, al menos cuatro personas han sido sentenciadas en juicios abreviados por este caso. Hay 22 más con acusación formal, incluido Zúñiga. Tres militares pidieron también el procedimiento abreviado y una pena de tres años.

Los delitos incluyen alzamiento armado y resoluciones contrarias a la Constitución. La Fiscalía retiró los cargos de magnicidio por falta de pruebas.

¿Fue forzado a aceptar los cargos?

La condena contra Aguilar generó críticas por su baja pena en comparación con los cargos. Pero también despertó dudas sobre la validez de su admisión de culpa.

Su hijo dijo que fue presionado y chantajeado para aceptar el acuerdo. El abogado Miguel Ramírez cuestionó la legalidad de todo el proceso. Señaló que nunca se demostró una conexión real entre Aguilar y los hechos del 26J.

El informe de la AJDH menciona que existen 347 perseguidos políticos en Bolivia. Incluyen casos de los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce. El uso de la justicia para silenciar voces incómodas se ha convertido en una práctica común para el régimen.

La Defensoría del Pueblo también pidió frenar la exposición mediática de detenidos. Recomendó capacitar a las fuerzas de seguridad en derechos humanos.

A pesar de que el plazo de detención preventiva venció en diciembre, Aguilar siguió preso. Solo accedió al juicio abreviado ante amenazas de prolongar indefinidamente el proceso.

Su salud se deterioró y su familia asegura que el trato en prisión fue inhumano. La alimentación y las condiciones médicas fueron deficientes. Se trata de un caso que ha generado repudio nacional e internacional.

El gobierno no ha respondido a los señalamientos de persecución política en este caso. Tampoco ha presentado pruebas nuevas desde la imputación inicial. La justicia no ha convocado a juicio a los supuestos cómplices.

El masismo fortaleció su narrativa

Todo el proceso muestra una falta de independencia judicial. Para la familia Aguilar, esto es una muestra más de cómo se fabrica una narrativa oficial.

La sentencia de dos años podría significar libertad inmediata. Pero no repara el daño causado a su salud, imagen y vida familiar.

El caso deja muchas preguntas sin responder. ¿Qué buscaba el gobierno con esta acusación? ¿Por qué se apresuró una sentencia sin pruebas sólidas? ¿Qué papel jugó realmente Aguilar en los hechos del 26 de junio?

Los analistas coinciden en que el gobierno necesitaba mostrar culpables. La narrativa del intento de golpe necesitaba rostros visibles. Aguilar fue un blanco fácil por su cargo y vínculos previos.

Pero su perfil no encaja con el de un conspirador militar. El caso evidencia una preocupante tendencia a judicializar la política.

El veredicto final fue direccionado por el poder político. Aguilar fue condenado antes de ser oído. Su culpa fue construida desde el aparato mediático del Estado.

Con la sentencia, el gobierno intenta cerrar el capítulo del falso golpe de Estado. Pero las secuelas para la familia y la democracia del país apenas comienzan.