La falta de debate en Córdoba frente a la violencia de los naranjitas genera fuertes críticas hacia la gestión de seguridad provincial.
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La brutal agresión que sufrió el comisario Rubén Brandán puso nuevamente en evidencia el peligro constante que representan los cuidacoches ilegales en las calles de Córdoba. Este grave episodio, ocurrido en medio de una disputa entre bandas, reactivó la urgencia de sancionar una ley que prohíba definitivamente esta actividad delictiva. Pese a la gravedad de los hechos, la política continúa postergando un debate necesario para garantizar la tranquilidad de los vecinos y comerciantes.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, redobló la presión sobre la Legislatura al señalar que la falta de un marco legal claro genera inseguridad jurídica. La demora en tratar las modificaciones al Código de Convivencia parece responder más a un cálculo de capital político que a una verdadera vocación de servicio. Mientras parte de la política local prefiere evitar eventuales costos electorales, la ciudadanía debe enfrentar diariamente extorsiones y amenazas por parte de estos grupos que actúan con total impunidad.
En este contexto, un sector de la política local se inclina por una regulación "intermedia" en lugar de la prohibición total de una práctica que ya desbordó los límites de la convivencia. Al no habilitar el tratamiento de los proyectos opositores, se termina legitimando directamente el accionar de quienes se apropian del espacio público de manera ilegal. Así,la prioridad parece estar puesta en el futuro político de algunos sectores antes que en proteger la integridad física de los ciudadanos y de sus propias fuerzas de seguridad.
El comisario Rubén Brandán resultó herido cuando intentó intervenir en una pelea de naranjitas frente a un local de comida rápida
Inacción política y complicidad ante el delito
La estrategia de mantener el proyecto "cajoneado" desde diciembre demuestra una falta de compromiso real con la resolución de los conflictos sociales violentos en Córdoba Capital. Sectores de la oposición denuncian que la discusión fue frenada por presiones de diversos actores sociales, dejando a la población cordobesa en un estado de desprotección absoluta. Es urgente que una parte de la política provincial deje de priorizar su imagen pública y asuma la responsabilidad de erradicar por completo la actividad de los cuidacoches ilegales.
“La única verdad es la responsabilidad política”, afirmó el legislador Hernández Maqueda al cuestionar la falta de voluntad para prohibir esta práctica de forma definitiva. La seguidilla de detenciones diarias de naranjitas en distintas zonas de la ciudad confirma que no se trata de hechos aislados sino de un problema sistémico y violento. La convivencia urbana ha sido desbordada y la insistencia en soluciones intermedias solo contribuye a perpetuar un ciclo de agresiones que ya alcanzó, incluso, a las fuerzas de seguridad.
La obligación primordial debe ser proteger a quienes resguardan la seguridad pública, pero la realidad muestra una preocupante debilidad institucional ante el avance delictivo en las calles. Si se persiste en la negativa a debatir la prohibición total de los "naranjitas", se seguirá siendo cómplice de un sistema de extorsión y violencia que afecta a miles de usuarios. No se puede seguir "pateando" un tema que ya se convirtió en el eje central de la agenda pública por su impacto directo en la vida de los cordobeses.
El año pasado hubo más de 300 cuidacoches ilegales detenidos en Córdoba
Seguridad ciudadana versus conveniencia política y aspiraciones electorales
El dilema radica en el temor de ciertos sectores políticos cordobeses de fracturar bases sociales o exponer flancos ideológicos, descuidando así la demanda de orden que exige la sociedad. Juan Manuel Llamosas, al frente de la Comisión de Seguridad, tiene la tarea de destrabar un proyecto que hoy parece atrapado en discusiones estériles electoralmente especulativas. Los reclamos de los comerciantes, que sufren la presencia de estos grupos violentos en zonas comerciales clave, no pueden ser ignorados por más tiempo por el poder político.
La normativa vigente permite la actividad bajo condiciones que en la práctica son difusas y facilitan la comisión de delitos graves como la coacción agravada. Proponer una simple regularización es una respuesta insuficiente para una problemática que requiere firmeza y la aplicación estricta de la ley en todo el territorio provincial. La sociedad observa con indignación cómo se prioriza el equilibrio político interno por encima de la paz social y el respeto irrestricto a las normas de convivencia.
El ataque al comisario Brandán debe ser el límite definitivo para que parte de la política local deje de actuar con complicidad frente a los delincuentes. No hay margen para más excusas ni para dilaciones que solo favorecen a quienes operan al margen de la ley en los barrios de Córdoba Capital. Es momento de que la política demuestre con hechos que la seguridad de la gente es más importante que cualquier especulación de cara a los próximos comicios.
