Distintas bancadas políticas opositoras en la Unicameral provincial ampliaron de manera conjunta la denuncia de juicio político dirigida contra el fiscal de instrucción Iván Rodríguez por presunto mal desempeño y negligencia grave en sus funciones institucionales. La presentación formalizada ante el Jurado de Enjuiciamiento busca afianzar el pedido de destitución del funcionario judicial tras la resolución que dispuso elevar a juicio oral la causa penal que involucra al imputado Claudio Barrelier. Los legisladores firmantes señalan que las decisiones procesales adoptadas por el magistrado investigado derivaron, en su momento, en la pronta liberación del sospechoso y afectaron el desarrollo regular de la causa tramitada en la provincia de Córdoba.
El planteo institucional presentado por los bloques opositores intenta ejercer una señal de exigencia sobre el tribunal de enjuiciamiento encargado de analizar el caso, la cual acumula más de 100 días sin emitir un pronunciamiento formal respecto a la solicitud. El elemento principal que motivó el ingreso del escrito fue el cierre de la investigación formal por el asesinato de Agostina Vega y el posterior requerimiento de citación a juicio articulado por el fiscal Raúl Garzón. El dictamen de la Fiscalía del Distrito 3 Turno 7 reunió los hechos atribuidos al imputado y cuestionó las determinaciones adoptadas por las autoridades judiciales en las fases iniciales del procedimiento.
La acusación de la oposición enfatiza que en mayo de 2025 ocurrió un suceso delictivo previo en el que otra joven logró escapar del mismo inmueble tras haber sido retenida contra su voluntad por el acusado. La legisladora Brenda Austin sostuvo públicamente que existió una falla en el encuadre legal al no considerar la existencia de un concurso real entre múltiples conductas delictivas denunciadas ante la sede fiscal. Según la postura expresada por la parlamentaria, la omisión de juzgar la totalidad de los actos imputados permitió otorgar la excarcelación del sospechoso por la figura penal aplicada en aquel momento.
Legisladores opositores ampliaron la denuncia contra el fiscal Iván Rodríguez
Las claves de la ampliación opositora
El escrito articulado por la oposición se estructura sobre cinco pilares argumentativos que detallan de manera precisa las supuestas inconsistencias técnicas cometidas durante la tramitación original de las denuncias acumuladas. El primer aspecto considera que el dictamen de elevación a juicio dictado bajo el expediente 13796314 constituye un hecho nuevo procesalmente consolidado que fortalece el cuestionamiento planteado ante el organismo provincial. El segundo pilar aborda la acumulación de causas que unificó el homicidio triplemente calificado de Agostina Vega con la imputación por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad calificada.
El tercer elemento objeta la tipificación benévola adoptada previamente, la cual omitió considerar las graves acusaciones vertidas por la víctima sobreviviente sobre privación de la libertad, uso de arma de fuego, inmovilización y desnudez forzada. El cuarto pilar sostiene que el encuadre permisivo otorgado por las autoridades judiciales posibilitó que Claudio Barrelier recuperara la libertad tras permanecer bajo custodia preventiva durante apenas 20 días en 2025. Los legisladores sostienen en su presentación que la restitución de la libertad al sospechoso obedeció a un análisis deficiente respecto a la evaluación del riesgo procesal existente en aquella instancia.
El quinto punto expone el marcado contraste probatorio registrado entre la investigación inicial deficiente y la rectificación acusatoria posterior impulsada por la fiscalía que asumió la causa unificada. Los denunciantes destacan en el texto que la corrección de los cargos penales dispuesta al requerir el juzgamiento expone una falla sustancial en la instrucción conducida originalmente por el magistrado cuestionado. Esta disparidad técnica en los criterios aplicados fundamenta la exigencia de la oposición para que el órgano competente analice en profundidad el desempeño profesional del magistrado interviniente.
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
Cuestionamiento al desempeño de Iván Rodríguez
Dentro de los argumentos expuestos en la presentación, los legisladores advirtieron sobre la intervención del abogado defensor Ricardo Moreno y manifestaron que su presencia generó condicionamientos sobre el desarrollo regular de las actuaciones del fuero penal. La representación opositora indicó que el letrado mantenía vínculos que influyeron en la adopción de resoluciones indulgentes que posibilitaron la pronta liberación del sospechoso durante la primera tramitación efectuada en 2025. La revisión posterior de las actuaciones demuestra que una evaluación integral de los mismos elementos derivó en la formulación de cargos penales de mayor gravedad procesal contra el acusado.
El escrito elevado ante el tribunal colegiado cuenta con el respaldo de representantes de los bloques UCR, Frente Cívico, PRO, Valores Republicanos, La Libertad Avanza, Mejor Futuro, Construyendo Córdoba, Encuentro Vecinal Córdoba e Izquierda Socialista – FIT Unidad. Los nueve bloques opositores fundamentaron la presentación recordando además el antecedente registrado en la causa conexa del Hospital Neonatal, donde Iván Rodríguez dispuso el archivo de las denuncias promovidas contra funcionarios públicos. Las bancadas parlamentarias afirmaron que la reiteración de estas conductas omisivas constituye un patrón sistemático de actuación funcional que justifica el inicio formal del procedimiento de remoción.
Tras la incorporación de la orden de elevación a juicio formulada en la causa principal, el frente político aguarda una definición por parte de las autoridades competentes encargadas del juzgamiento de magistrados. La representación legislativa exige que el cuerpo institucional defina formalmente si habilitará la apertura del juicio político solicitado para examinar el desempeño técnico del fiscal durante el ejercicio de sus funciones. La resolución que adopte el jurado resultará determinante para definir la continuidad del proceso administrativo y establecer las responsabilidades institucionales.
