El Ministerio de Seguridad facturará el despliegue de policías y bomberos a los adultos responsables de los menores.
El Gobierno de Córdoba oficializó un protocolo administrativo para recuperar los fondos públicos malgastados en operativos por falsas amenazas en escuelas. La medida establece que los gastos de intervenciones policiales y brigadas especiales serán reclamados a los padres o tutores de los menores implicados. Esta disposición busca frenar las intimidaciones que alteran el calendario escolar y obligan al Estado a desviar recursos de la prevención delictiva.
Toda falsa alarma que movilice unidades de emergencia tendrá consecuencias penales y un cargo económico directo para los responsables identificados por la Justicia. El procedimiento técnico cuantificará los recursos humanos, el combustible y los materiales utilizados en cada despliegue para iniciar la intimación de pago. La institucionalidad de la provincia busca así que el costo de estas conductas no sea absorbido por el conjunto de los contribuyentes cordobeses.
El protocolo se implementará bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba para agilizar la identificación de los autores materiales. La facturación de los servicios incluirá el costo de las horas de servicio del personal y el uso de tecnologías de rastreo digital de alta complejidad técnica. Con esta política de orden fiscal, se espera reducir la frecuencia de estos retos virales que tensionan innecesariamente el sistema de seguridad pública.
La respuesta administrativa ante las conductas que atentan contra la normalidad escolar refuerza los marcos de convivencia vigentes en el territorio provincial. Los adultos deberán responder por los perjuicios económicos provocados por sus hijos menores, fomentando un mayor compromiso en el control del uso de redes sociales. Córdoba prioriza con esta medida la eficiencia operativa y el cuidado del patrimonio estatal frente a situaciones de intimidación pública deliberada.
La normativa prevé que el Estado avance con acciones judiciales si los responsables no afrontan la erogación operativa de manera voluntaria en los plazos fijados. El despliegue de móviles, sistemas de emergencia y tareas de investigación especializada afecta capacidades que deberían estar operativas en otros puntos de la provincia. La medida pretende instaurar un principio de responsabilidad individual ante actos que generan angustia en estudiantes y docentes de toda la comunidad.
