La reaparición pública del exconcejal peronista expuso nuevamente las oscuras dinámicas del clientelismo político que el contribuyente financia con sus impuestos. El abogado rompió un silencio de 40 días tras el crimen de la menor de 14 años, intentando desligarse de las consecuencias de sus propios actos institucionales.
Durante su descargo, Ricardo Moreno admitió haber ejercido la defensa técnica del principal acusado en 2025 y haber intervenido directamente para otorgarle un puesto en la Municipalidad de Córdoba. Esta designación con fondos públicos benefició a un sujeto que hoy afronta una severa imputación penal por homicidio.












