Una reforma legal elimina el vacío del pago voluntario y permite actuar contra quienes amedrentan en la vía pública.
La Legislatura de Córdoba sancionó finalmente una modificación fundamental para terminar con el acoso constante de los limpiavidrios y cuidacoches no autorizados. A partir de ahora, la fuerza policial cuenta con facultades directas para intervenir sin necesidad de que exista una denuncia previa por extorsión. El objetivo primordial de esta nueva normativa es garantizar el orden en las calles y proteger a los ciudadanos de situaciones de peligro, extorsión y violencia permanentes.
Hasta este momento, los sujetos que operan de forma clandestina utilizaban la trampa legal del "aporte voluntario" para evitar cualquier tipo de sanción. Esta reforma clausura definitivamente ese engaño jurídico, estableciendo que cualquier actividad de cuidado de vehículos sin permiso municipal es un delito. La Policía de la Provincia ya no tendrá obstáculos para remover a estos delincuentes que suelen generar intranquilidad en los conductores de la capital.
La nueva ley establece que todo aquel que exija dinero sin una identificación oficial o un código QR de registro será sancionado de manera inmediata. Es un avance significativo que celebra el fin de una práctica abusiva que se adueñaba impunemente de las calles cordobesas. Las autoridades judiciales podrán incluso definir penas de arresto efectivo si se comprueba que la actividad ilegal pone en riesgo la seguridad pública local.
Las ciudades más grandes del territorio provincial disponen de un plazo de 30 días para organizar sus propios registros de trabajadores autorizados. Juan Manuel Llamosas advirtió que todo lo que quede por fuera de los esquemas oficiales será combatido con el uso de la fuerza pública correspondiente. "Si no está autorizado por la municipalidad, va a estar prohibido. Punto. La Policía ya no tendrá el límite de la 'voluntad de pago' para evitar actuar", sentenció.
Los municipios tienen ahora la potestad de habilitar cooperativas bajo controles muy estrictos para evitar que los infractores se filtren en el sistema formal. Sin embargo, la prioridad absoluta radica en eliminar de raíz la presencia de personas que operan mediante el amedrentamiento y la exigencia de pagos injustificados, a pesar de la resistencia de las cooperativas que representan a los naranjitas. Los intendentes deberán ahora asumir el compromiso político de limpiar las áreas urbanas de aquellos que lucran ilegalmente con el espacio público
La labor del Ministerio Público Fiscal será clave para supervisar que los operativos policiales se realicen con eficiencia y determinación en cada barrio. Con esta herramienta legal, se espera que las calles de Córdoba recuperen la tranquilidad que fue arrebatada por grupos que actuaban al margen de toda norma. Ya no existen excusas institucionales para permitir que los cuidacoches ilegales continúen hostigando a los vecinos que intentan estacionar sus vehículos libremente.
