En un claro desafío a las demandas de austeridad que exige la ciudadanía, el intendente radical de La Falda, Javier Dieminger, vetó la ordenanza que eliminaba de forma definitiva los gastos de representación de los altos cargos del Poder Ejecutivo local, percibidos como una especie de "salario adicional". La polémica determinación frena un avance legislativo que había sido aprobado por el Concejo Deliberante durante la jornada parlamentaria del pasado 17 de junio. La norma contó incluso con el inesperado respaldo de tres ediles pertenecientes a la propia coalición oficialista. De esta manera, el jefe municipal optó por priorizar el sostenimiento de erogaciones presupuestarias superfluas que benefician de manera directa e inmediata a su círculo más íntimo.
La medida de reducción de privilegios salariales afectaba la estructura de ingresos del intendente, de la viceintendenta Luciana Pacha y de los secretarios del gabinete municipal. La reforma quedó sin efecto, luego de que que el proyecto volviera a tomar estado legislativo para un nuevo tratamiento en comisión. Las reglas procedimentales vigentes en el distrito establecen que el cuerpo requerirá el voto calificado de las dos terceras partes de sus miembros, equivalente a 6 voluntades, para convalidar la norma original según el artículo 60 de la Carta Orgánica.
La resistencia de Dieminger a prescindir de estas partidas presupuestarias discrecionales perpetúa una carga distorsiva sobre las cuentas públicas de la ciudad. Esta postura oficial obliga a los contribuyentes a financiar asignaciones de dudosa justificación institucional en un contexto económico caracterizado por la austeridad. El veto cuestiona con vehemencia que los concejales confundan los fondos fijos destinados al normal funcionamiento operativo de las dependencias públicas con retribuciones individuales exclusivas para los funcionarios.
Luciana Pacha, viceintendenta de La Falda
Privilegios corporativos ante la crisis local
Según la postura oficial, el cuestionado "salario adicional", denominado de Responsabilidad Funcional, representa una retribución necesaria para los máximos representantes de la administración. El argumento esgrime que busca compensar la supuesta carga personal de índole civil, penal y política derivada de los actos cotidianos de la gestión estatal. La declaración firmada por el intendente radical considera jurídicamente insostenible la sustitución de las polémicas asignaciones extraordinarias por partidas ordinarias destinadas a la telefonía celular, la movilidad general y los viáticos regulados por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, el rechazo gubernamental atribuye como un extralimitación de facultades por parte del Concejo Deliberante al artículo 2 de la normativa impulsada por la oposición. Dicho apartado prohibía expresamente la creación futura de cualquier otro concepto salarial equivalente con el fin de asegurar la restricción que pretendían imponer los ediles. De esta manera, el titular del Ejecutivo de La Falda bloquea cualquier intento de reforma estructural profunda que pretenda acotar sus atribuciones discrecionales para percibir dinero extra y organizar la estructura salarial de los cargos jerárquicos.
Los denominados gastos de representación implican en los hechos un incremento del 20% no remunerativo calculado sobre el sueldo básico de la administración municipal. Este porcentaje representa una caja de recursos directos sin control efectivo de destino ni rendición pormenorizada de los fondos utilizados en el ejercicio de la función. Este beneficio monetario se adiciona a las remuneraciones mensuales fijadas en abril tras un congelamiento que dejó el haber de bolsillo del intendente radical en unos 4,5 millones de pesos.
Municipalidad de La Falda
Desconexión institucional con la realidad y votación dividida
El ingreso neto de la viceintendenta quedó establecido en unos 4 millones de pesos, mientras que los secretarios perciben 3,9 millones de pesos. El mantenimiento de porcentajes extraordinarios sobre ingresos que ya resultan abultados en comparación con el salario medio de la población local demuestra una total desconexión con la realidad de los vecinos de La Falda. El proyecto de ordenanza desarticulado por el veto había sido promovido originalmente por la concejala Gabriela Sacco del bloque La Falda en Acción.
La iniciativa legislativa encontró el acompañamiento del legislador Francisco Villanueva dentro del mismo espacio parlamentario de la oposición durante los debates en el recinto. La propuesta sumó además los votos positivos de las integrantes de la bancada oficialista Ludmila Ochoa, Alicia Auferil y Karen Tymoszczuk en la última sesión. Estas representantes priorizaron el orden y la austeridad fiscal por sobre los intereses corporativos de su propio partido al momento de votar en el tratamiento general.
Por el contrario, los ediles de Juntos por La Falda Daniel Pino, Ricardo Agost y Javier Montes respaldaron la decisión de sostener los polémicos beneficios económicos del Poder Ejecutivo Local. Estos concejales votaron en contra del recorte y blindaron los recursos de la planta superior para sostener la estructura intacta de salario extra de Dieminger y el resto de los altos mandos municipales. Curiosamente, el concejal Daniel Pino presidió la sesión del 17 de junio debido a la ausencia de la presidenta del cuerpo legislativo local, la viceintendenta Luciana Pacha.
