En un claro desafío a las demandas de austeridad que exige la ciudadanía, el intendente radical de La Falda, Javier Dieminger, vetó la ordenanza que eliminaba de forma definitiva los gastos de representación de los altos cargos del Poder Ejecutivo local, percibidos como una especie de "salario adicional". La polémica determinación frena un avance legislativo que había sido aprobado por el Concejo Deliberante durante la jornada parlamentaria del pasado 17 de junio. La norma contó incluso con el inesperado respaldo de tres ediles pertenecientes a la propia coalición oficialista. De esta manera, el jefe municipal optó por priorizar el sostenimiento de erogaciones presupuestarias superfluas que benefician de manera directa e inmediata a su círculo más íntimo.
La medida de reducción de privilegios salariales afectaba la estructura de ingresos del intendente, de la viceintendenta Luciana Pacha y de los secretarios del gabinete municipal. La reforma quedó sin efecto, luego de que que el proyecto volviera a tomar estado legislativo para un nuevo tratamiento en comisión. Las reglas procedimentales vigentes en el distrito establecen que el cuerpo requerirá el voto calificado de las dos terceras partes de sus miembros, equivalente a 6 voluntades, para convalidar la norma original según el artículo 60 de la Carta Orgánica.
