Desde diciembre de 2022 La Falda cobra un tributo sin aval legal ni proceso legislativo, incorporado al código de edificación sin haber sido votado. El gravamen se implementó aprovechando el fervor por el Mundial, tres días después de la final y sin informar a la ciudadanía. No hubo audiencias públicas, ni doble lectura, ni modificación de la tarifaria, violando la Carta Orgánica Municipal.
En la votación de la ordenanza deliberadamente se dejó fuera de la sesión el artículo que creaba este tributo, añadido ilegalmente después de la aprobación. Tampoco hubo asignación presupuestaria específica para lo recaudado y no se formó la comisión exigida, ni se publicaron las modificaciones. La maniobra violó principios constitucionales de legalidad y reserva de ley.
Las actas de la sesión prueban que el artículo que impone este cobro jamás fue tratado, e incluso si fuera un error carecería de validez. La falta de procedimiento legislativo lo vuelve inconstitucional, afectando el derecho de propiedad de los contribuyentes. El municipio aplicó un aforo del 10% o 15% sobre honorarios de cualquier obra mayor a 350 m².
Este “impuesto fantasma” golpea al sector privado, encarece inversiones y perjudica a la economía local. El tributo se cobra sin destino específico, ingresando a rentas generales, generando sospechas de malversación. La ilegalidad es absoluta y documentada.
